La Contraloría General de la República (CGR) es un órgano estatal tan importante que sin ser un poder del Estado figura en la Constitución.
Según el artículo 154 de la Constitución la CGR “es el Organismo Rector del sistema de control de la Administración Pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado…” O sea, en palabras llanas, los funcionarios de esa institución, desde su Consejo Superior para abajo son los encargados de que los fondos del Estado —nuestros impuestos y los impuestos de los ciudadanos de países amigos que llegan al país mediante préstamos o donaciones— sean utilizados para beneficio de los nicaragüenses, para su progreso, su desarrollo y para que puedan alcanzar un mejor nivel de vida.
El trabajo de la Contraloría es vital si alguna vez queremos salir de pobres, porque aunque el motor generador de las riquezas son las inversiones y la iniciativa privada, también es cierto que se necesita hasta el último centavo del que dispone una sociedad para que sus ciudadanos tengan la suficiente salud, educación y dispongan de la infraestructura y la solidez jurídica necesarias para aprovechar con eficiencia y productividad esas inversiones.
Desgraciadamente, la CGR ha sido casi siempre una institución oscura, generalmente la cenicienta del Presupuesto de la República y encabezada por individuos tímidos y obedientes, características que en nada contribuyen a la tarea que tiene encomendada.
Todavía recuerdo cuando el hoy Palacio de la Cultura era el Palacio Nacional y albergaba diversas oficinas estatales. En un rincón del segundo piso, al fondo, en una esquina, estaba la Contraloría. Casi nunca se escuchaba nada de ella.
Luego de las reformas constitucionales de 1995 la Contraloría vivió su época de oro, creo yo, cuando ocupó el cargo de contralor Agustín Jarquín Anaya, quien hizo tan buen trabajo que los poderosos de entonces solo lo aguantaron cinco años y no les quedó más remedio que “diluirle” el cargo entre cinco puestos y cayó víctima del pacto Alemán-Ortega. Jarquín Anaya quedó así neutralizado entre dos representantes de Alemán y dos del actual presidente inconstitucional.
Algunos dirán que su eficiente trabajo en la Contraloría obedeció a su perenne deseo de alcanzar la Presidencia de la República, y es cierto, pero no tiene nada de malo. Al menos eso era mejor que buscarla como lo ha hecho desde entonces, a la sombra de uno de sus verdugos de antaño, Daniel Ortega , a quien ahora le está pidiendo que le permita ocupar la Alcaldía de Managua, trampolín hacia la Presidencia que quiso usar desde hace 22 años cuando en 1990 la Unión Nacional Opositora (UNO) arrasó en las elecciones. Él era el designado para alcalde (en aquel tiempo no se elegía alcalde directamente) pero Arnoldo Alemán le ganó la votación entre los concejales a base de dólares, halagos y ofertas de puestos.
Así que desde las reformas del pacto Alemán-Ortega la Contraloría quedó obedeciendo las órdenes de los caudillos. Al menos durante la Presidencia de Enrique Bolaños, como ni Ortega ni Alemán ni el contralor Guillermo Argüello Poessy lo querían, la CGR le sacaba las cuentas al señor hasta del mantel que le regaló al príncipe Felipe (o Felipe a secas como le dice el Inconstitucional) para su boda.
Hoy la CGR ha regresado al oscurantismo. Desde que volvió Ortega al poder esos señores —lo hemos dicho varias veces en LA PRENSA— son como Shakira: ciegos, sordos y mudos. Probablemente son el salario peor gastado en el Estado, y miren que en ese rubro sí que tienen competencia.
El contralor-presidente de facto, Argüello Poessy, dijo esta semana que el problema que tienen es “falta de presupuesto” y que le “gustaría ver a los que nos critican sentados aquí resolviendo esa limitación”.
Doctor, si la tiene fácil. Fíjese que solo Albanisa (una empresa en la que Petronic estatal tiene el 49 por ciento de las acciones y por lo tanto es auditable por la CGR) no le ha pagado al Fisco por lo menos 10 millones de dólares en impuestos por exportaciones de petróleo a El Salvador. Solo métase a ese caso y recupere esa plata que son 225 millones de córdobas y usted y los otros contralores de facto habrán ganado el salario que inconstitucionalmente han recibido en los últimos años.
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