La oposición parlamentaria y las organizaciones democráticas de la sociedad civil aseguran que las mínimas reformas a la Ley Electoral propuestas por Daniel Ortega, que serán aprobadas en los próximos días por la Asamblea Nacional, no resuelven los graves problemas señalados por la OEA y la Unión Europea después de las elecciones de noviembre. La verdadera reforma, dicen, es la que han propuesto el PLI y el Grupo Promotor de Reformas Electorales pero ante todo el cambio total del Consejo Supremo Electoral.
Por supuesto que tienen razón. Pero es que la intención de Daniel Ortega con sus supuestas reformas electorales no es que haya elecciones libres en Nicaragua, él no quiere ni siquiera cumplir las recomendaciones de reformas presentadas por las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la OEA, después de las elecciones nacionales fraudulentas del 6 de noviembre del año pasado.
Sin duda que las reformas sugeridas por la UE y la OEA, y sobre todo las reformas más completas e integrales planteadas por la oposición parlamentaria y la sociedad civil, mejorarían el sistema electoral de Nicaragua. Pero la verdad es que se podría organizar elecciones básicamente libres y limpias, y por lo tanto aceptables por todos, aún sin previas reformas a la Ley Electoral. Bastaría con que esta ley fuese respetada y aplicada correctamente por funcionarios que no sean los actuales miembros de facto del Consejo Supremo Electoral, sino personas competentes, independientes, íntegras y confiables.
Para ejercer el derecho de votar libremente; para que las cédulas sean entregadas de manera rápida y gratuita; para que el padrón electoral sea depurado y actualizado sin trampas ni discriminación; para acreditar debidamente a los fiscales de los partidos y que estos puedan vigilar efectivamente las votaciones; para invitar y acreditar la observación electoral nacional y extranjera en todas las etapas del proceso electoral; para contar correctamente los votos y dar a conocer los resultados de las votaciones inmediatamente después del escrutinio; para todo eso y más bastaría con que la actual Ley Electoral fuese respetada y aplicada de manera imparcial y responsable.
De allí que la reforma primordial y más necesaria, es la renovación del Consejo Supremo Electoral con personas honorables, con funcionarios que se respeten a sí mismos y que cumplan la Ley Electoral, ya sea como está actualmente o reformada. Solo así se podría confiar en que las elecciones serán libres, justas y limpias. Pero no es eso lo que quiere Daniel Ortega. Su propósito es hacer un remedo de reformas a la Ley Electoral, simular cumplimiento de las recomendaciones de la OEA y la UE dejando las cosas igual que antes, o sea manteniendo el mismo Consejo Supremo Electoral y sus distintos organismos fraudulentos, y en última instancia cambiar solo a algunos de sus miembros pero con otras personas de la misma ralea.
En su tiempo los Somoza se empecinaron en impedir toda posibilidad de un cambio de gobierno y democratización del país, mediante elecciones libres, justas y limpias. Pero pagaron dolorosamente e hicieron pagar a toda la nación las consecuencias de su intransigencia. Y ahora el orteguismo insensato está haciendo y repitiendo exactamente lo mismo que hizo el somocismo.
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