Alejandro Calero Dávila
El anuncio de efectuar otra “reforma” a la Ley Electoral a través de una ley ordinaria es otra aberración jurídica que no nos debe causar asombro a los nicaragüenses. Enumerar los artículos constitucionales, los de la Ley Electoral y de cualquier otra ley seria redundar y no terminar. No es la Ley de Nunicipios y ninguna otra ley la que va a normar la cantidad de concejales que deben ser electos en cada municipio, para eso existe la Ley Electoral.
Lo sorprendente es que anunciaran con antelación el envío del proyecto a la Asamblea, seguramente para medir el impacto que esto causaría en la población. De no encontrar resistencia alguna procederán a su aprobación.
Algunas alcaldías enfrentan serios problemas por no tener capacidad económica para cumplir sus obligaciones, sobre todo aquellas que no se sometieron al atropello del FISE. Ahora tendrán que preocuparse por recaudar para el sueldo de los concejales, que sin duda es más importante que las obras de progreso del municipio. Aumentar el número de concejales para dar trabajo a los CPC, sin duda causará un gran pleito entre ellos para ver quién sale bendecido para merecer tan distinguida gracia. Tratarán de ser más eficientes en sus “cargos”, lo considerarán como un estímulo que será correspondido con más agresividad hacia la población demócrata y el que sobresalga o ha sido sobresaliente. Agredir más a la población será la garantía de su puesto. Para qué quieren ser concejales los CPC si van a perder su dignidad como persona, para ser tratados sin ninguna consideración y además no tendrán nunca poder de decisión.
También significa esa iniciativa que no es cierto que Nicaragua ha crecido económicamente y que hay más inversión extranjera, pues los CPC no han conseguido trabajo. Se puede terminar el beneficio de la ayuda venezolana y para garantizar su fidelidad se les debe dar algo a costa de los ciudadanos. Solo falta esperar la reforma a la Constitución por decreto para aumentar el número de diputados, porque sería ilógico que aumenten los concejales y no los diputados. Esto significa que la reforma a la Constitución es un hecho, se dará en los dos últimos años de gobierno como ha sido la costumbre: se aprueba la reforma constitucional en octubre y se ratifica en enero.
Se reformó la Ley Electoral por medio de la Ley de Municipios, con el famoso argumento 50-50. La obsesión por las alcaldías continúa y no cesará hasta apoderarse de ellas de la manera que sea y a cualquier precio. No sería nada raro que Ortega se postulara como el único candidato a alcalde para todos los municipios, para de esa manera ocupar todos los cargos de elección popular. Si hoy la ley no establece semejante aberración, no hay problema. En su momento se emitiría un decreto para determinar que solo habrá una urna electoral, exclusivamente para él, al igual que lo hizo Fidel Castro cuando salió electo “presidente”. Sus antecedentes demuestran que está obsesionado por el poder, la posible pérdida de los ingresos venezolanos lo turbado y seguramente los piensa reponer a través de los impuestos de los nicaragüenses.
El autor es Coordinador de la Comisión Jurídica, Red Managua de la Coordinadora Civil.
