Hubo un tiempo en Nicaragua cuando los gobernantes eran personas modestas y no sufrían de paranoia política. Eso fue en el período de la historia nacional que se conoce como “los treinta años conservadores”, durante el cual había una democracia restringida porque no todos los nicaragüenses tenían derecho de votar y elegir, pero los gobernantes eran personas de buenas costumbres, de talante democrático, y honestas además.
En ese entonces los presidentes de Nicaragua no se reelegían ni querían quedarse en el poder para el resto de sus vidas y por lo tanto no temían nada del pueblo ni de sus rivales políticos, que no tenían motivos ni deseos de montar conspiraciones de ninguna clase. Era una época en la que los presidentes y sus esposas no andaban rodeados de guardaespaldas armados hasta los dientes, ni inventaban que hubiera espías contra ellos en todas partes, inclusive en los consultorios médicos donde se hacían tratar sus problemas de salud.
Por otra parte, hay que señalar y subrayar que si los gobernantes de esa época a la que nos referimos eran personas apacibles, que no temían espionajes ni conspiraciones de ninguna clase y andaban por las calles como cualquier ciudadano común y corriente, no era porque el país no tuviera una historia de violencia y criminalidad política, que sí la tenía, sino simple y sencillamente porque ellos eran demócratas que se guiaban por el principio de sabiduría popular de que, “el que no la debe no la teme”.
El fenómeno de la paranoia política del poder en Nicaragua, surgió y se desarrolló con las dictaduras que asolaron el país desde fines del siglo XIX y a lo largo de casi todo el siglo XX. Comenzó con la dictadura zelayista, creció con la dictadura somocista, llegó a su máxima expresión con la dictadura sandinista de los años ochenta y se ha exacerbado ahora, con el régimen autocrático orteguista.
Pero la paranoia puede ser realmente esa perturbación psiquiátrica que se caracteriza porque quien la sufre desconfía y recela de los demás en forma prolongada, o sea que es un problema clínico, o puede ser un pretexto para justificar la erosión de la democracia, para impedir o restringir el ejercicio de las libertades individuales y públicas, para imponer la censura de prensa o limitaciones a la libertad de expresión e información, y en general para justificar la intolerancia y la represión gubernamental.
Este podría ser el caso de la acusación que el régimen orteguista ha hecho públicamente contra LA PRENSA, de que este Diario ha espiado y amenazado a la cónyuge del presidente inconstitucional Daniel Ortega y a su doctora en medicina alternativa, solo porque uno de nuestros reporteros quiso concertar una consulta particular con esta última, en busca de remedio a un padecimiento de salud.
Es tan absurda esta acusación, que la única explicación que le encontramos es que se trata de una cortina de humo para encubrir alguna represión contra LA PRENSA que se esté tramando en las altas esferas del poder. No tiene ninguna otra explicación.
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