Martha Vásquez
Don Faustino Pichardo y doña Reyna Isabel Cáceres, originarios de San Bartolo, comunidad de San Rafael del Sur, todavía no asimilan que el mismo gobierno que les dio la tierra para trabajar, como beneficiarios de la Reforma Agraria, ahora quiera confiscarles más de la mitad de la finca a cambio de otorgarles el título de propiedad.
En marzo del 2007 la Intendencia de la Propiedad hace ratificación de asignación y desde entonces los Pichardo están en la posesión de la propiedad.
“En el primer desalojo accedimos con la condición que nos dieran dos por uno y nos reubicaron en El Conchital, de San Bartolo. Estaba árida, pero la reforestamos, para que ahora que está bonita nos quieran venir a arrebatar nuevamente, no es justo”, dijo Pichardo.
[/doap_box]
“Para recibir hay que dar. Nosotros les vamos a dar el título, pero ustedes me van a dar 80 manzanas”, con esas palabras me recibió el señor Nicolás Bolívar Carrillo, director de titulación de la Intendencia de la Propiedad, en la Procuraduría General de la República”, denunció Pichardo.
Esta respuesta, supuestamente la dio el funcionario público, en enero pasado, después que el agricultor buscó ayuda, porque el año pasado foráneos invadieron parte de su propiedad de 200 manzanas.
Los invasores, supuestamente, lo acosan y aseguran que se quedarán con las tierras porque cuentan con apoyo gubernamental.
La familia Pichardo buscó a la intendente de la Propiedad, Yara Pérez, quien supuestamente después de negárseles varias veces les mandó a decir: “Lo que diga Bolívar hay que hacer y no hay vuelta atrás”.
“Estamos desesperados porque somos cinco familias afectadas y confiados en que el gobierno revolucionario que nos iba a ayudar, nos manda ahora a quitar a cambio del título. Yo no veo que eso sea cristiano y solidario con los campesinos”, dijo el afectado.
LA PRENSA buscó la versión oficial de los funcionarios públicos denunciados, a través de la oficina de relaciones públicas, pero no hubo respuesta positiva.
INVADEN PROPIEDAD EN RÍO COCO
Igual situación atraviesa César Rugama Talavera originario de Telpaneca, municipio de San Juan de Río Coco, quien denunció al alcalde Acisclo Laguna Mairena, de invadirle la finca de 80 manzanas de tierra conocida como “Poza Redonda”.
Esto, según la denuncia, ocurrió pese a que Rugama le ganó el juicio en tres instancias al Banco Nacional de Desarrollo, institución a quien le compró la finca en subasta.
En el año 2004 Rugama, con sentencia de la Corte Suprema de Justicia fue a realizar desalojo de su propiedad, pero una semana después Laguna volvió a invadir.
Desde entonces se abrió nuevamente un juicio por usurpación de dominio, pero supuestamente el alcalde se ha valido de sus influencias políticas para que las autoridades fallen a su favor.
“Denunciamos públicamente porque ya no aguantamos el desgaste moral, físico y económico. Ganamos los casos y el alcalde valiéndose de su influencia política dilata el proceso”, expresó Doralina Rugama, hija del afectado.
El caso duerme en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A
