La fracción de diputados de la Alianza PLI estrenó su estrategia parlamentaria, rechazando los dos puestos secundarios en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que le ofreció el FSLN. De esa manera, dicha bancada se colocó en medio de las dos posiciones extremas que se han planteado en la discusión acerca de la actitud que debe mantener la oposición en las nuevas circunstancias políticas que hay en el país, bajo la presidencia inconstitucional y el gobierno ilegítimo de Daniel Ortega.
Como se sabe, grupos políticos y de la sociedad civil exigen a los diputados de la Alianza PLI que no participen en la Asamblea Nacional y que mejor vayan a las calles a luchar contra el régimen orteguista. Otras personas opinan en cambio que los diputados de la oposición deben adaptarse a la situación, aceptar la realidad de que son una débil minoría en la Asamblea Nacional, aprovechar cualquier espacio por pequeño que sea y colaborar con el Gobierno como se hace en cualquier país democrático.
Pero Nicaragua ya no es un país verdaderamente democrático y el problema de la oposición parlamentaria no es solo que no podrá lograr la aprobación de leyes de su propia iniciativa, teniendo 26 diputados frente a los 63 del FSLN que aumentan a 65 con sus dos asociados del PLC. El problema de fondo es que lo que existe en el país no es una democracia normal, en la cual las minorías políticas pueden practicar una oposición crítica y franca al mismo tiempo que colaboran con el gobierno, en todos aquellos proyectos que son de legítimo interés nacional e indiscutible beneficio popular. Lo que hay ahora en Nicaragua es un régimen autoritario, el cual, por medio de unos comicios notoriamente irregulares o fraudulentos, ha impuesto en la Asamblea Nacional una aplanadora legislativa oficialista de vocación totalitaria.
En estas condiciones, la oposición tiene que aprovechar mientras pueda todos los espacios posibles, pero no por el mero hecho de ocupar cargos burocráticos en provecho personal y partidista, o sea por zancudismo, sino para que se escuche la voz crítica y orientadora de la oposición, para velar por los intereses del pueblo al menos mediante la denuncia pública, para revelar las ineficiencias administrativas y denunciar los abusos de poder y la incontenible corrupción gubernamental.
Además, esta participación opositora en la Asamblea Nacional tiene que ser transparente, ante la mirada de los ciudadanos, en las sesiones plenarias abiertas al público y no en reuniones cerradas de junta directiva, donde la presencia de una minoría opositora solo sirve para conseguir privilegios adicionales a cambio de avalar de hecho o indirectamente los chanchullos oficialistas.
La bancada de la Alianza PLI debe escoger entre ser una oposición colaboracionista y zancuda, o una oposición contestataria que actúe en el parlamento como vocero de los ciudadanos y fiscalizador del poder orteguista. Lo cual no excluye participar también en la lucha callejera, junto a la sociedad civil y a la cabeza de los ciudadanos.
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