La defensa de los “resultados” de las elecciones del pasado 6 de noviembre, que el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, protagonizó el viernes ante los embajadores acreditados en el país, fue un acto “sin seriedad ni base jurídica, de puro cinismo y en carácter de autodefensa”, según el abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez.
El jurista aseguró a LA PRENSA “desde un punto de vista político e institucional, el fraude electoral tiene responsabilidades jurídicas penales, y si hubiese una institucionalidad mínimamente aceptable se debería de estar investigando esto
y si encuentran elementos concretos de posible actividad delictiva tendrían que procesar al señor Rivas”.
Rivas dijo que los resultados son “avalados” por la población, a pesar de que la principal fuerza de oposición no ha reconocido los resultados, y que el pasado 3 de diciembre se realizó una marcha en repudio al fraude. Sin embargo, la Fiscalía Electoral ha ignorado los reclamos, mientras investiga de oficio un supuesto plan para desestabilizar el Gobierno de Daniel Ortega.
“El señor Rivas lo que está haciendo es cumplir otra tarea política del presidente para tratar de ir superando este aislamiento pasivo de la comunidad internacional que se ha creado tras las elecciones, mientras hace su autodefensa y protección individual por un delito”.
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