En general, los políticos gobernantes, igual los autoritarios del tipo de Daniel Ortega en Nicaragua y los demócratas como Laura Chinchilla en Costa Rica, manipulan y a veces crean y atizan conflictos fronterizos con fines políticos particulares; por ejemplo, a fin de distraer la atención de sus gobernados de algún grave problema doméstico, o para elevar artificiosamente un menguado nivel de aceptación popular, etc.
Es cierto que las controversias y conflictos fronterizos son comunes, incluso inevitables. Pero siempre hay que tener cuidado con la manipulación que de ellos hacen los gobernantes. Sobre todo se debe tener cautela cuando el pronunciamiento gubernamental sobre el conflicto fronterizo se hace mediante el poder militar, que es beligerante por su propia naturaleza, y no por los medios diplomáticos que son o tienen que ser sosegados y conciliatorios.
Precisamente porque las controversias fronterizas son comunes, incluso inevitables, es que han sido creados los tribunales y organismos internacionales de arbitraje, a fin de que los conflictos entre los países se diriman en base del derecho internacional y por medio de la diplomacia, que se inspiran en el principio de buena fe que gobierna o debe gobernar las relaciones entre los Estados.
En el caso específico de la carretera paralela al río San Juan de Nicaragua que está construyendo en su territorio el gobierno de Costa Rica, no se le puede negar la razón a la presidenta de ese país, Laura Chinchilla, quien ha dicho que tiene derecho de construir esa vía de comunicación “que ayudará al desarrollo de los pueblos de la zona”.
Pero ningún derecho es absoluto, ni siquiera el de soberanía territorial y nacional de los Estados, el cual se debe ejercer de conformidad con las normas jurídicas internacionales y respetando el derecho y el patrimonio de los demás países, en este caso del vecino. De manera que Nicaragua, independientemente de quién es por ahora su gobernante de turno, tiene también derecho de denunciar a Costa Rica por los presumibles daños ambientales que podría estar causando la construcción de la carretera tica a lo largo de la ribera del río San Juan.
La Convención Internacional sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, aprobada en 1972 y vigente desde 1975, de la cual forman parte Nicaragua y Costa Rica, establece en su artículo 6, inciso 3, que “Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se obliga a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural de que tratan los artículos 1 y 2 situados en el territorio de otros Estados Partes en esta Convención”.
De manera que el gobierno de Costa Rica tiene la obligación legal y moral de suspender la construcción de su controversial carretera ribereña, al menos mientras se aclara el impacto ambiental negativo que podría estar teniendo esa obra. Y tendría que suspenderla definitivamente, en el caso de comprobarse que son fundadas las denuncias de daños al ecosistema del río San Juan, que ha hecho públicas el gobierno de Nicaragua.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
