Tres miembros de una familia opositora fueron asesinados por efectivos de la Policía y activistas del partido político gubernamental FSLN, en El Carrizo, comarca del municipio de San José de Cusmapa, en el departamento de Madriz.
Por otra parte, un secretario político del FSLN en Coperna 2, municipio de Siuna, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), fue asesinado por opositores que huían de la violenta represión desatada por la Policía y turbas del partido orteguista para disolver una protesta cívica contra el fraude electoral del domingo pasado.
Además, otras protestas de la oposición han sido atacadas por turbas oficialistas y reprimidas por fuerzas policiales, dejando un saldo de numerosos heridos, entre ellos algunos policías lesionados por manifestantes opositores que han respondido con la fuerza a la represión.
Esta tragedia, que enluta a toda la nación, es consecuencia directa del fraude electoral que fue cometido por el orteguismo en los comicios nacionales del domingo 6 de noviembre, con el propósito de imponer la reelección inconstitucional, ilegal e ilegítima de Daniel Ortega.
Una vez más se está comprobando que la reelección es algo nefasto en Nicaragua. Tal vez en Estados Unidos no sea ningún problema que los presidentes Roosevelt, Reagan, Bush u Obama, se reelijan por una sola vez, como lo permite su constitución nacional. Quizás en España, Francia, Alemania e Italia no cause ningún daño que su presidente, canciller o primer ministro sea reelegido por dos o más períodos. Pero en Nicaragua la reelección presidencial siempre ha sido funesta, sobre todo porque los caudillos rústicos que han plagado la historia política de este país invariablemente se han reelegido o intentado reelegirse por medio de la fuerza y de farsas electorales.
Los historiadores y los comentaristas políticos nos recuerdan una y otra vez que la reelección ha sido la causa de grandes desgracias nacionales desde poco tiempo después de que Nicaragua se independizó de España: golpes de Estado, guerras civiles, asonadas callejeras, insurrecciones populares, terrorismo estatal, asesinatos políticos, etc. Las reelecciones o los intentos reeleccionistas de Frutos Chamorro, Tomás Martínez, Roberto Sacasa, José Santos Zelaya, Emiliano Chamorro, Anastasio Somoza García y Anastasio Somoza Debayle, inevitablemente condujeron a la inestabilidad, la violencia y el derramamiento de sangre de hermanos.
Ahora, la insensata, irresponsable y provocadora pretensión de Daniel Ortega de imponer su reelección inconstitucional, ilegal, ilegítima e inmoral por medio de la violencia institucional, del fraude electoral, de la represión policial y los desmanes de turbas oficialistas, está arrojando otra vez al país a la vorágine de la violencia. A la protesta cívica del pueblo el régimen orteguista responde con la violencia policial y pandillera.
La comunidad democrática internacional no debería dejar en el desamparo al pueblo nicaragüense. El fraude electoral del 6 de noviembre debe ser rechazado. Los países amigos de Nicaragua podrían auspiciar un diálogo político entre el gobierno y la oposición, a fin de convocar a nuevas elecciones que sean libres, limpias y justas, sin candidatos inconstitucionales y organizadas por personas profesionales, independientes y confiables.
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