Los observadores electorales de la Unión Europea (UE) están satisfaciendo las expectativas que ha puesto en ellos la población democrática de Nicaragua.
Esta certeza es motivada por el comportamiento de los observadores europeos, quienes están en contacto directo con los ciudadanos en los lugares donde operan y con todos los actores del proceso electoral. Y se desprende también de las declaraciones de los líderes de la observación europea, en las que han dejado claro que ellos no han venido al país para darle gusto ni hacerle el juego a nadie, sino a cumplir cabalmente su deber. De manera que se puede confiar en que si los observadores europeos comprueban que las elecciones del 6 de noviembre (incluyendo todos los aspectos del proceso electoral) son fraudulentas, así lo informarán a sus mandantes y lo van a declarar al mundo entero, para los efectos que sean pertinentes.
Desde su llegada al país, el jefe de la delegación de observadores de la UE, el eurodiputado socialista español Luis Yánez-Barnuevo García, expresó su autorizada opinión jurídica acerca de que la prohibición de la reelección presidencial en períodos consecutivos y por más de dos mandatos es una norma taxativa de la Constitución de Nicaragua, y por lo tanto solo puede ser cambiada mediante una reforma constitucional aprobada por el Poder Legislativo, nunca por una resolución judicial.
Otra declaración que refuerza la confianza de los demócratas nicaragüenses en la observación electoral europea, ha sido la crítica del jefe adjunto de la misión de observadores de la UE, José Antonio de Gabriel, al doble rasero del Consejo Supremo Electoral en relación con los organismos nacionales de observación electoral, pues le niega la acreditación a unos y se las concede solo a los que son de su agrado. Esa doble moral política debe repugnar a la conciencia democrática de los observadores europeos.
Los hechos confirman nuestra observación expresada el 29 de octubre pasado, acerca de que los observadores de la Unión Europea son confiables porque esta es una organización de Estados a la que solo pertenecen gobiernos auténticamente democráticos, al contrario de la OEA, de la que son miembros gobiernos autoritarios y antidemocráticos como son los de Chávez y Ortega.
También hemos señalado en esta columna editorial —y es necesario recordarlo y reafirmarlo ahora que solo faltan cuatro días para las elecciones—, que estamos completamente claros de que la observación electoral “no impediría el fraude en las votaciones y el escrutinio del 6 de noviembre, si las autoridades electorales orteguistas deciden robarse las elecciones en el caso de que no puedan ganarlas con los votos, como hicieron en las municipales de noviembre de 2008”. Sin embargo, la denuncia nacional e internacional del fraude en las votaciones y de todos los vicios del proceso electoral, con la consiguiente declaración de ilegitimidad de un siguiente período gubernamental de Ortega, sería un gran aliciente a la lucha por la recuperación de la democracia. Aunque solo fuese una ayuda política y moral.
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