La inconstitucionalidad e ilegitimidad de la candidatura de Daniel Ortega a una segunda reelección y un tercer período presidencial, la cual no se vuelve legítima porque en las mismas elecciones participen otros candidatos que sí están habilitados constitucionalmente, es un tema cardinal de la situación política actual y de la coyuntura electoral de Nicaragua. Pero además, en la sociedad nicaragüense y en la comunidad internacional democrática hay mucha preocupación porque la falta de transparencia en el proceso electoral y un fraude que parece inminente, podrían conducir al país de vuelta a la inestabilidad y la violencia de los años setenta y ochenta del siglo pasado.
Incluso amigos de Ortega, quienes dan por seguro que más del cincuenta por ciento de los votantes respaldará la candidatura ilegítima del caudillo del FSLN, le aconsejan que garantice la transparencia y el “decoro” de los comicios del 6 de noviembre próximo, pues, según ellos, de todas maneras tiene asegurada la victoria electoral.
Por otra parte, en el sector democrático claman voces sensatas advirtiendo que un fraude electoral para imponer la ilegítima candidatura de Daniel Ortega, colocaría al país en una nueva situación de inestabilidad, la cual, de manera irremediable resbalaría por la pendiente de la violencia política que ya se creía superada.
En este sentido, a las advertencias que han hecho obispos católicos y líderes de los organismos cívicos independientes a los que le ha sido negado el derecho a la observación electoral, como es el caso de Hagamos Democracia, se ha sumado el llamado de alerta de militares retirados y antiguos reservistas y “cachorros” del Servicio Militar sandinista, quienes con sentido patriótico han optado por la búsqueda de libertad, democracia y justicia social para todos los nicaragüenses.
En su pronunciamiento titulado “Respaldo a la esperanza democrática” y fechado el 25 de octubre, en el cual respaldan la candidatura democrática de Fabio Gadea Mantilla y llaman a votar por ella, los oficiales retirados del Ejército y representantes de cachorros y reservistas sandinistas manifiestan su esperanza en “que no se presenten hechos violentos de fuerzas oscuras en lo que resta del proceso y que desistan de ejecutar acciones fraudulentas para desvirtuar los resultados”. Pues, “de presentarse violaciones fundamentales al proceso, comprobadas por los observadores; si se produce el rechazo de los resultados por los líderes políticos y si la opinión pública refleja la percepción de un robo generalizado, como lo fue en el 2008, serán los detonantes para que el pueblo con justo derecho recurra a la defensa de su voluntad, iniciando jornadas cívicas y pacíficas en desconocimiento a los resultados proclamados”.
Ciertamente, un atropello a la voluntad política de los ciudadanos por medio de un fraude electoral como el que se perpetró en los comicios municipales de noviembre de 2008, sería una irresponsable provocación de quienes por mandato de la Constitución son los primeros llamados a garantizar la seguridad pública y la estabilidad nacional.
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