Por este medio ofrecemos a todos los lectores y anunciantes de LA PRENSA, nuestras disculpas porque en los últimos días no hemos podido llegar a tiempo o del todo a sus hogares y empresas, debido al recrudecimiento del sabotaje de exprestadores de servicio de este diario organizados y azuzados por sindicalistas oficialistas.
Expresamos igualmente nuestra gratitud por la comprensión y solidaridad que hemos recibido, ante estas graves acciones de individuos que se apostan en las salidas y entradas de LA PRENSA para impedir por la fuerza la salida de los vehículos y personas encargados de la distribución del periódico, lo cual representa un atentado contra la libertad de expresión, una censura de prensa indirecta y un propósito solapado del régimen de Daniel Ortega, de debilitar e inclusive de cerrar LA PRENSA.
También denunciamos ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional, la pasividad, indiferencia o complicidad de la Policía con esos saboteadores que cometen varios delitos tipificados en el Código Penal: alteración del orden público, delitos contra la libertad de expresión y de prensa, amenazas a la integridad física de las personas, violación del derecho de libre circulación y atentado contra la propiedad privada.
La Policía tiene la obligación de garantizar la libre circulación de este periódico y de cualquier medio de comunicación, así como proteger a las personas agredidas y la propiedad privada. Sin embargo, los agentes policiales que a veces se presentan al lugar de los hechos dejan hacer a los delincuentes en vez de obligarlos a respetar la ley.
No se puede creer que esa actitud indiferente y pasiva de la Policía ante el asedio a LA PRENSA y sabotaje a su circulación, sea por incapacidad de ejercer las funciones que le corresponden, pues para proteger a miembros del gobierno y en otras actividades demuestra gran eficiencia. De manera que si en casos como la agresión contra LA PRENSA, la Policía no hace respetar la ley y no actúa contra los delincuentes ni protege a las personas y sus bienes jurídicos y materiales, es porque ha renunciado a su profesionalismo, ética y honorabilidad y se ha sometido al proyecto dictatorial de Daniel Ortega.
Casualmente hoy es el Día de la Policía y en esta fecha se debe producir el cambio de su Director General, en cumplimiento de la Ley 228, artículos 80 y 88, que así lo establecen de manera imperativa. Sin embargo, Daniel Ortega anunció el 19 de julio pasado su intención autoritaria de prorrogar ilegalmente el período de la señora Aminta Granera como directora general de la Policía, cuyo mandato termina hoy. Y de inmediato, Granera declaró su disposición, no de respetar la Ley 228 sino de acatar la voluntad de Ortega. De manera que si después de hoy Granera sigue siendo jefa de la Policía, en contra del mandato expreso de la Ley 228, necesariamente tendrá que ser llamada directora de facto.
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