El señor José Luis Villavicencio, quien se desempeña como “magistrado” del Consejo Supremo Electoral (CSE), sin que lo hayan reelegido los diputados de la Asamblea Nacional, dijo sin el menor rubor por el daño que causa al pueblo, que dicho Poder del Estado tiene recursos para hacer una campaña de publicidad para informar a los nicaragüenses sobre el proceso de cedulación, pero ellos, los funcionarios de facto decidieron no hacerlo por sus caprichos. Estos funcionarios son los que estarán a cargo de los votos el próximo 6 de noviembre. ¿Se imaginan lo que pasará con los resultados electorales si las cosas se hacen por sus pistolas?
En cuanto a los cuestionamientos por la falta de publicidad al proceso de cedulación y verificación, Villavicencio sostuvo que no los pueden obligar. “Es decisión del CSE, nosotros somos autónomos, somos los que decidimos, no hay ninguna ley que me obligue que tenemos que hacer publicidad”, fueron sus declaraciones publicadas en la edición de LA PRENSA de ayer.
Según Villavicencio, están invirtiendo en otros rubros. “Sí hay recurso, pero es decisión de nosotros no hacerlo, porque, ¿de qué nos sirve gastar en publicidad, en un spot, cuando la gente está clara y sabe cómo hacer las cosas”, dijo Villavicencio.
La intención deliberada del señor Villavicencio de causar daño al pueblo, a los partidos de oposición y beneficiar al gobernante FSLN, que dirige Daniel Ortega Saavedra, es evidente.
No es cierto que la gente “está clara y sabe cómo hacer las cosas”. La gente no sabía por qué le estaban pidiendo algún documento distinto a la partida de nacimiento que los identificara para tramitar sus cédulas, pues ni siquiera quienes atendían en los Consejos Electorales Municipales (CEM) sabían explicar el asunto. O simplemente con la arrogancia característica del “poder” que embriaga a los orteguistas, estos no le querían aclarar nada a la población. La gente iba frustrada pero a la vez indignada con el orteguismo y ojalá eso se manifieste en las elecciones del 6 de noviembre.
El señor Villavicencio dijo que los magistrados de facto pedían un documento que identificara al ciudadano para evitar que algunos “bandiditos” tengan doble cédula. Mi pregunta es ¿quiénes son los bandidos y cínicos? ¿La gente o los funcionarios de facto?
Pues los funcionarios de facto saben muy bien que el artículo 19 de la Ley de Identidad Ciudadana establece que cuando es por primera vez que solicita la cédula la persona puede llevar como documento de identidad el pasaporte, licencia de conducir, carné del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social o cualquier documento de identidad calificado por el director municipal de Cedulación. En base a este último dato, es que el CSE pedía en muchos casos hasta notas o diplomas de colegios, certificados de salud o tarjeta de vacunación, pero la gente no lo sabía y tampoco estaba clara de por qué le pedían esos documentos. No era una ilegalidad, pero la acción deliberada de querer causar daño por parte de los magistrados de facto de Ortega, hacen creer a la población que dichas acciones son incorrectas. Y todo esto se debe a la arrogancia de ellos. No hubo un proceso limpio, justo, que respetara al ciudadano, a la institucionalidad, a la democracia y al Estado de Derecho. Todo lo hicieron contraviniendo el espíritu de la ley y con la clara intención de seguir causando daño. Que la población juzgue quién es el bandido.
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