GUATEMALA/AFP
Las millonarias campañas de propaganda política, con fondos de origen poco claro, y vacías de contenido ideológico, “están prostituyendo la política” guatemalteca, informó el director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, Oscar Vázquez.
En un país con un millón de niños desnutridos y una ola de violencia impulsada por el narcotráfico (Guatemala es la nueva ruta de la cocaína) el gasto en campaña supera los 5 dólares por habitante, según esta ONG.
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“Están prostituyendo la política. La gente vota por la cancioncita, por la imagen, por las vallas (publicitarias). Desde 1985 esta campaña es la más vacía de contenido. No hay un partido que diga, desde su punto de vista ideológico, qué rumbo le puede dar al país y, lo más importante, cómo”, afirma Vázquez.
Además, las cifras de Acción Ciudadana muestran que los partidos violan impunemente los límites de gasto de campaña, ya de por sí bastante elevados, de 6.8 millones de dólares por agrupación.
Al 15 de julio el derechista Partido Patriota (PP), cuyo candidato a presidente es Otto Pérez, había excedido en 20 por ciento el tope de toda la campaña al gastar 8 millones de dólares. Y todavía faltaban los dos meses más “calientes” hasta la votación del 11 de septiembre, y otros dos meses adicionales de campaña si hubiese balotaje.
La exprimera dama Sandra Torres había agotado dos meses antes de la votación el 70 por ciento del gasto total.
“En otros países el tema ideológico está más posicionado en los partidos políticos. (…) En cambio aquí la oferta es el caudillo”, advierte Justo Pérez, coordinador en Acción Ciudadana del programa de gastos de campaña electoral de los partidos.
Un ejemplo típico —según Vázquez— es el de un candidato a una importante alcaldía, sin ninguna experiencia ni conocimiento “pero lleva como año y medio de estar invirtiendo y ahora va en segundo puesto (en la intención de voto). Y escuchas al tipo en un foro y da ganas de llorar”.
El problema es que “las sanciones no están claramente definidas (…) la multa más severa es de 125 dólares, para campañas que gastan 10 millones, y las pocas sanciones que han tratado de ser impuestas por el Tribunal Supremo Electoral fueron impugnadas”, acota Pérez.
La ley también estipula un tope para el dinero que reciben los partidos, y un generoso límite del 10 por ciento a los aportes individuales. Pero ambos son un ejercicio fantasioso.
“El Tribunal Supremo Electoral tiene muy pocas herramientas para hacer que el auditaje sea incisivo, para poder ir a la profundidad del gasto”, agrega Pérez.|
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