Uno de los principales problemas de Nicaragua es la mala calidad de su clase política. Salvo honrosas excepciones, la mayoría de los servidores públicos, diputados, activistas y líderes de partidos, parecen buscar el poder no tanto para servir al país, como para obtener sus beneficios. Esto es un obstáculo fatal para el desarrollo pues gran parte de el depende de la calidad de la clase política.
Dos economistas acaban de señalarlo. Mario de Franco, en un documento de Funides sobre las causas de nuestro atraso, concluía que las soluciones han sido conocidas por todos y por mucho tiempo. “Lo que en Nicaragua no se ha podido hacer es tomarse la medicina porque los grupos de poder se han beneficiados de la enfermedad del país”. Pedro Belli, por su parte, comentaba que “Nuestros políticos no han mostrado ni la visión ni el deseo de tomar las decisiones necesarias para lograr esas metas. No está en su naturaleza. Por eso estamos fritos”. Pero no lo estaríamos si entendiéramos las raíces del problema y nos decidiéramos a romper esquemas tradicionales.
El comportamiento de la clase política es reflejo y consecuencia de la falta de cultura cívica a nivel de toda la sociedad, combinada con nuestro sistema político. Pobreza, poca educación, desigualdad y valores de vieja data, han contribuido a que muchos nicaragüenses carezcan de interés y participación en asuntos públicos o comunitarios. La mayoría no lee periódicos, no participa en asociaciones y no piensa a largo plazo. Tampoco tiene ideologías definidas o capacidad para discernir las políticas que más convienen al país.
Estas condiciones hacen muy difícil el funcionamiento de la democracia representativa. Los políticos no son representantes de ciudadanos informados, que los ven como iguales y les exigen. Son más bien los “jefes”, dispensadores de favores en una relación cliente-patrón, donde las lealtades se tejen en base a favores recíprocos, tradición familiar y factores más pedestres. Los partidos políticos, en lugar de ser asociaciones de personas unidas en torno a una ideología o propuestas de solución a problemas públicos, actúan como grupos tribales interesadas en la conquista del Estado-botín. Sus representantes o diputados suelen ganarse el puesto, no cortejando a los votantes sino a los jefes o caudillos de turno, pues de ellos depende su fortuna. El resultado es antidemocrático y tiene el efecto perverso de fomentar el reclutamiento de personas cuya única posibilidad de ascenso son los puestos o prebendas que otorgan los poderosos. Así, mientras el mejor capital humano se vierte a la actividad empresarial o profesional, el estado y la política se convierten en refugio de los menos aptos.
El problema es aparentemente insoluble, porque la democracia representativa necesita para funcionar cierta densidad cívica en la población, y esto no es obtenible a corto ni mediano plazo. Pero podría encontrarse una salida diseñando sistemas democráticos no convencionales, adaptados a nuestros déficits ciudadanos. Una posibilidad sería crear una cámara de representantes de los distintos sectores productivos, gremiales, sindicales y cívicos, electos a lo interno de dichos sectores, y otra compuesta de representantes departamentales, electos directamente por el pueblo —propuestos en suscripción popular o por los partidos. Ambas cámaras tendrían similar número de miembros —quizás treinta cada una— e iniciativa de ley, necesitando para su aprobación la ratificación de la otra. Juntas elegirían a los magistrados de los poderes del estado y al presidente de la república.
Evidentemente, cualquier rediseño del sistema político requerirá mucho refinamiento y discusión. La idea central es encontrar un modelo que reste peso a partidos políticos disfuncionales y lo traslade a sectores de la sociedad vinculados a la vida económica y social del país —Cosep, sindicatos, gremios, universidades, asociaciones cívicas representativas, iglesias, etc. —mientras aumenta el peso del voto de quienes tienen mayor madurez cívica.
Aunque propuestas semejantes convengan a los más pobres, algunos las tacharán de fascista o elitistas. Otros las identificarán con el consejo de estado ensayado por la revolución sandinista pero desvirtuado por el autoritarismo de sus líderes. Para la clase política serán anatema. Pero es importante promover alternativas. Respaldadas por el sector cívico podrían adquirir ímpetus insospechados y aprovechar imponderables —como las revueltas árabes— para generar nuevas posibilidades. Las viejas ya las conocemos suficiente.
El autor es sociólogo y fue ministro de educación 1990-1998.
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