En Nicaragua históricamente se le ha llamado “ley del bozal” a las normas legales o disposiciones administrativas de los gobiernos dictatoriales, somocista y sandinista, establecidas para censurar los medios de comunicación, coartar la libertad de expresión de los ciudadanos e impedir la denuncia pública de las arbitrariedades y la corrupción gubernamental.
En tiempos de la dictadura somocista se le llamó ley del bozal al Código de Radio y Televisión que era conocido popularmente como “Código Negro”, el cual fue aprobado en agosto de 1960 por el gobierno de Luis Somoza Debayle para regular los aspectos técnicos de la radio y la televisión nacional, pero fue utilizado como instrumento de represión contra el periodismo radial y televisivo independiente, mientras que a la prensa escrita se le censuraba de manera directa cuando así lo consideraban necesario.
Después que cayó el régimen somocista y fue sustituido por la dictadura sandinista de los años ochenta, la ley del bozal se materializó en la Ley General de Medios de Comunicación dictada en septiembre de 1979 por la comandancia del FSLN, por medio de la denominada junta de gobierno de reconstrucción nacional. Aquella dictatorial ley del bozal fue reformada en abril de 1981, para hacerla más represiva, y en septiembre del mismo año se le endureció todavía más, cuando la dictadura sandinista impuso la ley de emergencia nacional y suprimió todas las garantías y derechos de los nicaragüenses.
Con el advenimiento de la democracia en 1990 y la derogación de todas las leyes sandinistas contra la libertad de expresión y de prensa, se creyó que en Nicaragua nunca más se volvería a reprimir a ninguna persona o medio de comunicación por ejercer ese derecho fundamental, ni siquiera o mucho menos cuando se usara para denunciar anomalías, arbitrariedades y abusos de los poderes y los funcionarios públicos.
Es que no se contaba con que mediante un pacto antidemocrático y con el fin de repartirse el poder, entre el PLC y el FSLN, Arnoldo Alemán le facilitaría a Daniel Ortega la posibilidad de recuperar el poder presidencial y luego el control de todos los poderes e instituciones del Estado, con la consecuencia de que ahora Nicaragua se encuentra en una situación en la que, con modalidades distintas a las de la época de la dictadura somocista y la dictadura sandinista de los años ochenta, pero con el mismo objetivo, poco a poco se está imponiendo una nueva dictadura que como todo régimen autoritario ataca ante todo la libertad de pensamiento y de expresión.
En la actualidad todavía no se ha dictado una ley del bozal, como el Código Negro somocista ni como la Ley General de Medios de Comunicación de la dictadura sandinista de los años ochenta. Pero desde el comienzo de su nuevo gobierno autoritario, en 2007, Daniel Ortega comenzó a atacar la libertad de expresión y de prensa mediante acusaciones judiciales contra el Diario LA PRENSA, y personalmente contra su director, Jaime Chamorro Cardenal, y su jefe de Redacción, Eduardo Enríquez, por supuestos delitos de injurias y calumnias que nunca fueron cometidos.
Ahora es a los concejales opositores de Managua, el conservador Luciano García y el liberal Leonel Teller, a quienes les están recetando la misma medicina por denunciar la corrupción en la alcaldía capitalina, y es obvio que la multa descabellada que un juez orteguista le ha impuesto a García tiene una clara intención represiva e intimidatoria, para que nadie más denuncie la corrupción y demás abusos gubernamentales.
En realidad, la cuantiosa multa que le ha sido impuesta de manera arbitraria e injusta al concejal Luciano García, es una venganza política que además tiene el propósito de intimidar a los ciudadanos, a los funcionarios opositores y a los medios de comunicación y periodistas independientes, para que se autocensuren y se abstengan de seguir denunciando las arbitrariedades y atropellos del gobierno de Daniel Ortega.
En la Constitución Política de Nicaragua se consagra, acorde con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho de todos los nicaragüenses a la libertad de expresión, incluyendo la denuncia de las anomalías de cualquier clase que cometan los gobernantes. Pero esa norma constitucional no vale nada para el régimen de Daniel Ortega, que además de corromper al Poder Judicial lo ha politizado y convertido en instrumento de intimidación y represión. Sin embargo, como han expresado las organizaciones de la sociedad civil en un pronunciamiento de solidaridad con el agredido concejal Luciano García, “no nos callarán, ni renunciaremos al derecho de criticar y demandar transparencia”.
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