I ENTREGA
Carol Munguía
La frontera honduro-nicaragüense —que abarca 127 kilómetros entre los dos países— es terreno donde se cuecen actividades que favorecen el narcotráfico, la mayor amenaza a la seguridad de Nicaragua y al resto de países centroamericanos.
En esa frontera existen unas 10,000 manzanas en manos de propietarios extranjeros, quienes han alquilado o comprado tierras, en su gran mayoría en sectores donde se ubica el borde fronterizo, en una zona donde se registran con frecuencia robos de ganado, captura de indocumentados, contrabando, donde hay trata de personas, incursión de mareros (provenientes del triángulo del norte: El Salvador, Honduras y Guatemala), trasiego de dinero, tráfico de armas y drogas.
En un territorio tan pequeño se cometen todo tipo de delitos y se violan, al mismo tiempo, al menos cinco leyes vigentes en el país.
“El narcotráfico facilita la oportunidad de ganar dinero fácil, pero con él llega el sicariato, la muerte, la persecución y el castigo, porque el crimen organizado se apropia de la vida y la seguridad de los y las ciudadanos”, declaró el general Julio Cesar Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, cuando se reunió el año pasado con alcaldes y productores de la zona norte, a quienes pidió contribuir con la seguridad ciudadana.
El Ejército de Nicaragua tiene evidencias de que los mojones que sirven de frontera entre los vecinos países del norte fueron removidos sin que la Cancillería y las autoridades que tienen que ver con los temas de soberanía tomen cartas en el asunto.
RUTA DE DROGAS
En esa franja que abarca comunidades como Palo Grande, Santa Paula, Jícaro Bonito, Los Tablones, San Enrique y Las 40, todas pertenecientes al municipio de Somotillo, es donde se sitúan las fincas rurales que desde los años noventa fueron compradas por extranjeros a productores nicaragüenses endeudados. Y la mayoría fueron adquiridas a precios ridículos.
El primero de julio del 2010, la Policía Nacional de Chinandega retuvo en esa ruta a un bus de transporte interurbano, propiedad de María Teresa Maradiaga y conducido por Santos José Torres Amador.
Al requisar, los agentes policiales encontraron en la unidad tres sacos abandonados en la parte trasera del vehículo, que contenían más de 200,000 dólares. Ninguno de los cuarenta pasajeros se hizo responsable del botín.
Los representantes del gabinete de los CPC se quejaron por esta actividad y denunciaron que debido a esto los piches están por desaparecer en esa zona, señalando que esta empresa de turismo opera sin el permiso del Marena (Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente).
Entre septiembre y enero se puede observar los grupos de turistas que llegan a cazar en tiempos cuando las aves exóticas migran del norte hacia el sur.
LA PRENSA no pudo contactar a los dueños de la finca en mención porque estaban en Estados Unidos, sin embargo, una fuente bien informada explicó que efectivamente los tours se ofertan por internet a turistas que visitan Chinandega atraídas por la promoción del sitio de anidación de aves migratorias.
La fuente aseguró que las actividades son reguladas por el Marena y que de acuerdo a un rubro destinado para la responsabilidad social, los representantes en León regalan, según la solicitud de los pobladores, equipos de beisbol y piñatas para la niñez.
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Versiones locales indicaron que un ciudadano, oriundo de Palo Grande, huyó entre los matorrales.
Se sospecha que era el responsable de realizar una transacción de compra de droga. En su huida a El Salvador, aparentemente, este sujeto logró llevarse solamente 50,000 dólares, sin embargo, esta versión no fue confirmada por la Policía Nacional.
Mientras esto ocurría, ese mismo día, sobrevoló a las diez de la mañana una avioneta color blanco, con rayas azules, matrícula N 451 AB, modelo Paiper.
La aeronave fue encontrada abandonada en el sector de El Manzano No. 2, jurisdicción de El Viejo, luego de haber aterrizado forzosamente en esa zona.
La Policía Nacional practicó pruebas especiales para encontrar residuos de cocaína en la avioneta y los resultados dieron positivo.
RED DE CRIMEN ORGANIZADO
En la zona fronteriza descrita funciona una importante red de informantes que alerta a los miembros del crimen organizado, contrabandistas, abigeos y otros delincuentes, sobre cualquier operativo de las autoridades de Policía y del Ejército.
En las propiedades adquiridas por los extranjeros, se ofrece pocas oportunidades de empleo a los nicaragüenses, pese a que existe una ley que obliga a inversionistas foráneos a contratar a nacionales.
POCO EMPLEO A NICAS
Las plazas que se ofrecen son temporales. La mano de obra nicaragüense tiene oportunidad en los trabajos más pesados, sobre todo en época de invierno, sin que se les proporcione equipos de protección como capotes, botas de hule, guantes. Tampoco hay atención médica.
“No hay expectativas de empleo para los nicaragüenses. No existen buenos salarios, no hay progreso local fuera de las fincas, no hay reparación de caminos de penetración, pagan el impuesto atrasado y su actividad perjudica a otras fincas instaladas en sus alrededores”, dijeron los representantes de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) de Palo Grande, inconformes con el trato que reciben de parte de estos nuevos propietarios.
“Ellos pagan una miseria y en lempiras. Yo trabajé en el 2001, pero no continué porque me pagaban mal. Protesté, pero ellos pueden más que uno, porque todo lo resuelven con plata”, dijo José Jarquín, líder de la comarca Palo Grande.
Los habitantes de esas comarcas aseguran que las únicas reparaciones de caminos que se hacen son del lado hondureño, pues las propiedades nicaragüenses colindan con las aguas dulces del río Guasaule, que son compartidas con Honduras, en ese trayecto.
En los tramos de camino entre Somotillo y Palo Grande se observa la circulación de gente extraña, conduciendo camionetas de lujo, que entran y salen del territorio nicaragüense, en su mayoría son empleados de las fincas hondureñas, vecinas con la guardarraya, las cuales se ven inmersas en la actividad agrícola de verano, como es la siembra de sandía bajo sistemas de riego y en el invierno con el negocio del ganado y traslado de la producción del queso nacional que desde Chontales y Matagalpa, se llevan hacia sus países.
José Miguel Andino Cruz, de 55 años, es un salvadoreño que emigró durante la guerra de su país a Nicaragua. Tiene 35 años de vivir en Vado Ancho, jurisdicción de Somotillo. Compró 150 manzanas de tierra fértil en la guardarraya.
“No me quejo. Cuando vine no había árboles plantados, la gente se había llevado la madera para construir sus viviendas. Comencé a sembrar granos básicos y posteriormente sandía y con ello generé fuentes de empleo para 35 norteños”, dice.
La rústica propiedad colinda con el río Guasaule, de donde beben las 118 vacas que el campesino posee. La inversión de este extranjero se observa a simple vista. En la finca está construido un corral de piedras, con sus comederos y bebederos, infraestructura que levantó para evitar el abigeato que lo perjudicó por muchos años. “Esto se pudo hacer porque tengo hijos viviendo en Nueva York, más las utilidades que deja la venta de sandía y granos básicos en El Salvador”, agregó.
Contrariamente, otros salvadoreños como José William Rivera, originario de La Libertad, al sur de San Salvador, tiene cuatro años de vivir en Nicaragua y se dedica a construir templos eclesiásticos con material de construcción que importa desde su país.
Además trae trabajadores desde El Salvador para levantar cada templo. No permite que nicaragüenses trabajen en sus obras en Villa 15 de Julio, San Lucas y El Higueral, todas comunidades al norte del municipio de Chinandega.
Rivera compró una propiedad urbana, pero dice que su proyecto es construir casas de oración donde no existen.
Miembro de la Iglesia Profética Cristo La Verdad, este extranjero, dice haber invertido en Nicaragua cerca de 20,000 dólares en tres casas de oración.
En estas circunstancias, la zona de la guardarraya nicaragüense parece estar indefensa. Ni la Alcaldía ni los CPC ni las dependencias del Gobierno de Nicaragua han sentado un precedente. Se confirmó que existe poca presencia policial y el patrullaje de tropas del Ejército no es constante.
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