Como parte de uno de sus ejes de propaganda y en una clara violación a los derechos económicos de los empleados públicos, en los últimos años la dictadura Ortega Murillo institucionalizó el pago adelantado de la planilla estatal y convirtió esta obligación de todo empleador en un acto de propaganda en el que los medios oficialistas exhiben a los trabajadores agradeciendo al “comandante Daniel y a la compañera Rosario” por el pago que reciben. Esto también viola los derechos laborales de los trabajadores, sin embargo, los sindicatos en lugar de protegerlos son parte de esta parafernalia que se repite todos los meses.
Desde hace varios años, cada fin de mes el ritual comienza con el aviso de la vocera oficial y primera dama, Rosario Murillo, que en su habitual comunicación telefónica diaria anuncia “una gran noticia” y luego presenta el calendario de pago por institución.
Esta práctica se aplica a las 111,682 personas que según las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN), laboran en el Gobierno Central. Pero también a los de entes descentralizados, ya que Murillo suele hablar de alrededor de 200 mil servidores públicos de los cuales, al cierre del año pasado, 161,301 ganaban menos de 40 mil córdobas mensuales.
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Violan derechos de los trabajadores
Si en el mes que pagarán por adelantado se celebra algún feriado y conmemoración particular, entregan los salarios en la última semana del mes anterior; si no se prevé ningún festejo, lo hacen en los primeros cinco días del mes pagado. El acto concluye con la amplia cobertura de los medios oficialistas que se encargan de hacer desfilar a los trabajadores mostrando el dinero y agradeciendo por recibirlo.
Para la socióloga y defensora de derechos humanos, María Teresa Blandón, existe un alto nivel de violación sistemática a los derechos humanos y a los derechos laborales, de los trabajadores del Estado, a quienes han convertido en una especie de rehén de las estructuras partidarias, de los secretarios políticos que los viven amenazando, humillando, controlando, vigilando; pero también son rehenes de esa exposición pública que es sumamente humillante.
“Cuando los hacen aparecer allí con su salario mensual, agradeciendo al comandante Daniel y a la compañera Rosario, en realidad lo que les están diciendo es que no los contrataron por su calificación y que no le trabajan al Estado; que en realidad le trabajan a una empresa cuyos dueños son la pareja Ortega Murillo. Esto desde todas luces, desde todo punto de vista, es violatorio de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos, de los derechos laborales de las personas que trabajan en el Estado”, asegura Blandón.
Por su parte Enrique Sáenz, economista y exdiputado opositor desnacionalizado, considera que estas violaciones a los derechos humanos y laborales ocurren porque estamos acostumbrados a considerar como derechos humanos solamente los derechos civiles y políticos, cuando en los instrumentos fundacionales de los derechos humanos están los económicos y sociales.
El salario es derecho humano
“Uno de los ejes de propaganda, no solo de los discursos, sino de la propaganda de los medios oficialistas y de los distintos voceros, es partir del concepto de que el trabajo, el salario, la salud y la educación son dádivas, son regalos que da el gobierno, cuando en realidad son derechos humanos”, dice Sáenz.
Ante esta manipulación considera que “lo primero que se debe reafirmar frente a esta campaña, que desde hace varios años pretende imponer en la cabeza de la gente que Ortega o que el Gobierno regalan, que por eso es el presidente de los pobres, por todas estas concesiones que él da, es que en realidad esto no es ninguna concesión, son derechos de las personas”, expone Sáenz.
Efectivamente, según la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, los derechos económicos, sociales y culturales incluyen los derechos a: alimentación, vivienda adecuada, educación, salud, seguridad social, participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, y al trabajo.
Blandón asegura que a nivel global es una práctica inusual que los jefes de gobierno expongan a los trabajadores cada mes recibiendo su salario, ya que el Estado es una entidad pública que contrata trabajadores a quienes paga con los recursos públicos, con los impuestos que pagan los ciudadanos.
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Juegan con el hambre de los trabajadores
Pero como en Nicaragua no contratan por capacidad ni de acuerdo con el trabajo que deben realizar, sino para hacer favores o tener gente fiel, consideran que son sus empleados personales, no los consideran trabajadores del Estado sino del Frente Sandinista y particularmente de la familia Ortega Murillo.
“Entonces cometen mucho abusos con esos trabajadores y trabajadoras del Estado… y como saben que la mayor parte de esas personas tienen necesidad, que su familia, los hijos, dependen de ese salario, o que son el único ingreso que hay en la familia, entonces se aprovechan de la pobreza y de la necesidad de la gente para exponerlos públicamente”, lamenta Blandón.
Oscar René Vargas, economista, sociólogo y exreo político desterrado, añade que otra situación que aprovechan es que los salarios no le permiten a los trabajadores cubrir sus gastos, porque los salarios promedio del Estado rondan los 15 mil córdobas mensuales, es decir que no cubre los más de 20 mil que cuesta la canasta básica.
Entonces al adelantarles el salario evitan en muchos casos que las personas recurran a los usureros o a otro tipo de crédito y con ello “le venden al trabajador la idea de que lo están salvando”, de recurrir a los usureros, esperar que llegue la remesa que le manda su pariente que está en el exilio, o de buscar crédito en otros lugares para garantizar su consumo.
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Les robaron el derecho a la liquidación
“La lógica es que el Gobierno al adelantar el pago está salvando al trabajador que está endeudado y por tanto algunos dicen bueno, gracias al comandante Daniel por salvarnos, eso dice la gente que es orteguista. Pero en realidad esto es una bandidencia, están jugando con el hambre de la población”, sostiene Vargas.
Esta no es la única violación a los derechos de los trabajadores, en noviembre del 2023 los trabajadores estatales y municipales de Nicaragua, perdieron un derecho adquirido en 1944. Una reforma a la Ley 476, Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, redujo la cuantía de la indemnización que reciben al cesar sus funciones. Con la ley anterior, después de seis años de trabajo, recibían cinco salarios. Ahora tendrán que trabajar más de veinte años para recibir esos cinco salarios cuando renuncien. Y a los que despidan no les darán nada.
Dicha reforma la promovió el diputado Gustavo Porras, coordinador del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), que argumentó que la indemnización era un incentivo perverso para los trabajadores.
“Era un incentivo perverso, mucha gente se iba, entraba en el Estado, agarraba la práctica, aprendía a trabajar como todos. Nosotros aprendemos a trabajar cuando estás trabajando. Además, nuestro Estado es muy bueno en el sentido de que capacita, manda a estudiar, hay una serie de mecanismos, preparamos a la gente y después zas, se llevaban sus cinco meses y se iban al sector privado”, aseguró Porras al justificar la suspensión de ese antiguo logro de los trabajadores.
