El Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, anunció esta semana a través de su secretario de comunicación, que la radio y la televisión estatales serán convertidos en medios públicos autónomos.
El anuncio se hizo durante la inauguración, el jueves pasado, de un foro sobre Medios Públicos, Ciudadanía y Democracia, realizado en la capital salvadoreña con participación de delegados de Alemania, Colombia, Chile, Uruguay y otros países con experiencia en esa materia. Según el secretario de comunicaciones de la Presidencia de El Salvador, David Rivas, la conversión de los medios estatales en públicos es “con el fin de acabar con el sometimiento a intereses políticos de los gobiernos de turno”.
“Por muchos años la radio y la televisión (estatales) en El Salvador estuvieron sometidas a los vaivenes políticos o sometidos a los intereses de grupo en particular, pero no a los intereses de la sociedad”, expresó Rivas. Y agregó que los medios de comunicación estatales “fueron utilizados como medios propagandísticos o simplemente se les abandonó, se les relegó por completo”, refiriéndose a la Radio Nacional y el Canal 10 de televisión, “que en el pasado sirvieron para legitimar golpes de Estado o imponer censuras o prolongadas cadenas de transmisión, apelando al principio de la ‘seguridad nacional’”.
O sea que en El Salvador ha ocurrido con los medios de comunicación estatales lo mismo que en Nicaragua, donde la radioemisora estatal que fue inaugurada en 1960 con el nombre de Radiodifusora Nacional y ahora se llama Radio Nicaragua, no es un medio al servicio de todos los nicaragüenses sino de los gobernantes en turno, actualmente de Daniel Ortega.
Lo mismo sucedió con el Canal 6 de televisión, el cual fue privado en su origen y pertenecía a la familia Somoza, pero los sandinistas lo confiscaron cuando tomaron el poder en julio de 1979 y lo convirtieron en un medio estatal. Después, cuando el FSLN y Daniel Ortega perdieron las elecciones de febrero de 1990, el estatal Canal 6 de televisión fue saqueado, luego desmantelado y abandonado por los gobiernos siguientes. Y finalmente, hace poco se conoció que su canal repetidor para la cobertura nacional fue privatizado en el confuso proceso de creación del imperio mediático de la familia gubernamental Ortega Murillo.
De manera que es admirable lo que está haciendo el Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, quien a pesar de que es de izquierda y gobierna en representación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), réplica salvadoreña del FSLN de Nicaragua, sin embargo lo hace de manera democrática, promoviendo políticas de equidad y justicia social sin atentar contra la economía de libre empresa ni contra las instituciones y libertades democráticas, sino más bien fortaleciéndolas, como es el caso de la conversión de los medios de comunicación estatales en públicos.
La diferencia entre medios de comunicación estatales y públicos es enorme y tiene una gran significación para efectos de la conservación y el fortalecimiento de la democracia, o para su distorsión e incluso su liquidación. Los medios estatales son burdos propagandistas del Gobierno de turno. Son dirigidos y operados por personas nombradas por el Gobierno en base de criterios e intereses políticos. Por lo tanto, son fieles a quienes los han nombrado e incapaces o impedidos de hacer la más leve crítica y de buscar y decir la verdad cuando no conviene al Gobierno.
En cambio, los medios públicos son autónomos, los dirigen personas independientes y expertas en comunicación que generalmente son nombradas por los parlamentos, a los cuales rinden cuentas. De manera que sus emisiones e informaciones son invariablemente de interés público, no del gobernante y están abiertos a todos los sectores y voces plurales de la sociedad.
Por supuesto que estamos hablando de parlamentos democráticos realmente independientes de los demás poderes estatales, particularmente del ejecutivo; de órganos parlamentarios respetables, no de parlamentos sometidos al Gobierno como es el caso del que hay actualmente en Nicaragua. Este, si le correspondiera nombrar a la dirección de la radiodifusora del Estado o pública, sin duda que lo haría de acuerdo con el interés político del Gobierno, o peor aún, a conveniencia del caudillo gobernante que a pasos agigantados está restaurando la dictadura en Nicaragua.
