De manera muy bien documentada desde la perspectiva legal y constitucional, numerosos representantes de la sociedad civil, juristas independientes y dirigentes de la oposición política advierten que si Daniel Ortega se reelige en las próximas elecciones, su siguiente gobierno sería ilegítimo, porque la Constitución prohíbe la reelección presidencial en períodos continuos y nadie puede ejercer la Presidencia de la República más de dos veces. Y este es claramente el caso de Daniel Ortega, quien además de que está ejerciendo la Presidencia en el período actual, es la segunda vez que la ejerce, pues ya había sido presidente en el período de enero de 1985 a abril de 1990.
Para evadir esa categórica disposición establecida en el artículo 147 de la Constitución, y debido a que no pudo conseguir los 56 votos de diputados que son indispensables para aprobar la reforma constitucional que le hubiera permitido presentar su candidatura a la reelección presidencial de manera legal y legítima, Daniel Ortega ordenó a los magistrados de su partido en la Corte Suprema de Justicia que declararan inaplicable la norma legal suprema que prohíbe expresamente su reelección.
Fue por eso que los magistrados del FSLN declararon, mediante una falsa resolución de la Sala Constitucional dictada en octubre de 2009, que el artículo 147 de la Constitución es inaplicable a Daniel Ortega. Y decimos que fue falsa esa resolución, porque a fin de aprobarla violaron el procedimiento establecido para dictar las resoluciones judiciales. En efecto, sólo los magistrados sandinistas pertenecientes a la Sala Constitucional participaron en la aprobación de la susodicha resolución, y para completar el quórum tuvieron que llamar a sus correligionarios de otras salas de la Corte.
Después, los magistrados orteguistas —algunos de los cuales son de facto, porque ya se venció el periodo para el que fueron nombrados por la Asamblea Nacional— ratificaron la espuria resolución de la Sala Constitucional indebidamente constituida, en una sesión de Corte Plena que tampoco tuvo validez porque no se realizó de acuerdo con el procedimiento. O sea que a una ilegalidad flagrante los magistrados orteguistas agregaron otra notoria ilegalidad, viciando de mayor ilegitimidad la ya de por sí ilegítima candidatura de Daniel Ortega a una nueva reelección presidencial. En consecuencia, un siguiente gobierno de Ortega sería también ilegal e ilegítimo, y por lo tanto carente de autoridad para gobernar a todos los nicaragüenses y para imponerse tendrá que recurrir a la represión en forma más directa y descarada.
Los defensores del régimen orteguista sostienen que es legal la candidatura de Daniel Ortega a otra reelección presidencial, porque según ellos se basa en resoluciones dictadas por la autoridad judicial. Pero eso no es cierto, porque esas resoluciones fueron falsas, porque la Constitución no se puede modificar mediante sentencia judicial y porque la constitucionalidad y el Estado de Derecho no se sustentan en cualquier situación de aparente legalidad.
Es obvio que el concepto orteguista de legalidad, se basa en el criterio marxista-leninista de que el derecho no es más que la voluntad de la clase dominante convertida en ley. Sin embargo, para los ciudadanos libres y para una sociedad que se rige o quiere regirse por las normas y principios básicos de la democracia constitucional, esta aberración jurídica totalitaria es absolutamente inaceptable.
La verdad es que nadie que se respete a sí mismo puede aceptar como válida la grotesca pretensión de que la voluntad del gobernante es fuente de derecho y base de la legalidad. Como advirtió el eminente filósofo, jurista y economista austríaco Friedrich von Hayek (1899-1992), Premio Nobel de Economía en 1974 y autor de la célebre obra titulada Camino de Servidumbre : “Si una ley concede al gobierno poder ilimitado para actuar a su gusto y sazón, todas sus acciones serían legales, pero no encajarían, ciertamente, dentro del Estado de Derecho”.
El Estado de Derecho es una condición indispensable de la gobernabilidad, que a su vez emana de la legitimidad y la cual no consiste solamente en hacer las cosas de conformidad con la ley, sino que también exige ser congruente con la justicia, la razón y las reglas del derecho correctamente interpretadas y aplicadas.
El politólogo italiano contemporáneo Gianfranco Pasquino, quien es profesor titular de ciencias políticas en la Universidad de Bolonia y autor de unos 20 libros sobre el tema, dice que la gobernabilidad (que deriva de la legitimidad) “es la capacidad de un régimen político de combinar estabilidad política y eficacia decisional”. Lo cual significa que un gobernante sin legitimidad no tiene derecho de gobernar y los ciudadanos no están obligados a respetarlo ni a acatar sus decisiones. Y tampoco la comunidad internacional debe reconocerlo.
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