Por María José Uriarte
Cedulación partidaria, abusos con recursos del Estado por parte del oficialismo e irrespeto a la Constitución y leyes de la República, son algunos de los elementos que forman parte del primer informe de observación electoral, presentado hoy por el Instituto Para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) de cara a los comicios presidenciales de noviembre próximo.
El informe insiste en la necesidad de que el Poder Electoral publique a lo inmediato la normativa de ética electoral y que se pronuncie sobre el reglamento de observación electoral, ya que Ipade reitera que el término “acompañamiento” no está contemplado en la Ley Electoral.
El organismo demandó además a la Fiscalía Electoral investigar de oficio las denuncias del uso de los bienes del Estado para proselitismo partidario, basándose en lo establecido en la Ley Electoral sobre la fecha en que inicia la campaña electoral.
El informe fue presentado por el Ipade en una conferencia de prensa que tuvo lugar esta mañana.
A las presidenciales del 6 de noviembre están llamados unos 3,5 millones de nicaragüenses y en ellas el presidente Daniel Ortega se postula por sexta vez consecutiva, pese a una prohibición expresa de la Constitución del país.
Ortega ganó los comicios de 1984 y fue derrotado por alianzas derechistas en las elecciones de 1990, 1996 y 2001, hasta que ganó las presidenciales de 2006.
Según la Constitución de Nicaragua ningún ciudadano puede aspirar a la presidencia en períodos consecutivos ni quien hubiese ejercido el mandato en dos ocasiones. Ambos casos son aplicables a Ortega.
Cobijado por la sombra del fraude de los comicios municipales de 2008, el Consejo Supremo Electoral (CSE) integrado por cinco magistrados de facto (con períodos vencidos) encabezados por Roberto Rivas Reyes, se niega a permitir la observación electoral internacional.
