El Gobierno y el partido de Daniel Ortega hicieron todo lo que pudieron para impedir la manifestación de la sociedad civil del sábado 2 de abril, pero no lo consiguieron. El recorrido de la marcha programado por la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), que debía partir de la “plaza del fraude electoral” y llegar hasta Metrocentro, no se pudo realizar porque lo impidió el desmesurado y agresivo aparato policial montado por el régimen contra los marchistas. Sin embargo, una gran cantidad de gente desafió la represión, pudo vencer los obstáculos y se concentró en las inmediaciones del colegio Teresiano, sobre la Carretera a Masaya, donde manifestó su firme voluntad democrática inclusive enfrentándose físicamente a la fuerza policial.
La Policía quiso justificarse diciendo que cerró el paso a la marcha de la sociedad civil, para evitar un enfrentamiento con los partidarios de Daniel Ortega que hubiera provocado “un baño de sangre”. Al parecer se refería a que al otro lado de la barrera policial que cerró el paso a los manifestantes democráticos, se encontraban numerosos orteguistas motorizados —todos o muchos de ellos antiguos miembros de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) de la dictadura sandinista de los años ochenta—, los cuales estaban armados y esperaban que los ciudadanos desarmados e indefensos avanzaran, para masacrarlos a balazos.
En realidad, nadie pone en duda que las fuerzas de choque del orteguismo son capaces de todo. Además, por boca de Tomás Borge se sabe que están dispuestos a hacer lo que sea, hasta lo peor, con tal de mantenerse para siempre en el poder. De manera que es posible que si el sábado anterior los manifestantes de la sociedad civil hubieran roto el cerco policial, y avanzado hacia la plaza de donde debía salir la marcha de la sociedad civil, los motorizados armados del FSLN los hubieran masacrado a balazos.
Pero esto no solo comprueba la ya conocida índole perversa de las fuerzas de choque de Daniel Ortega. Lo ocurrido el sábado 2 de abril también confirmó la complicidad de la Policía con el orteguismo, o su irresponsabilidad profesional, pues no debió haber autorizado la manifestación oficialista para el mismo día y lugar de la concentración de la sociedad civil. Además, si la Policía tenía conocimiento de que las fuerzas de choque portaban armas de fuego o de cualquier otra clase, su obligación era desarmarlos.
Todos los miembros de la Policía y ante todo sus mandos superiores, saben o tienen que saber que de acuerdo con el artículo 95 de la Constitución de Nicaragua, “no pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional ( ) que los establecidos por la ley”, o sea, el Ejército y la Policía. Tampoco pueden ignorar que el Reglamento de la Policía Nacional, Decreto 26-96, dice en su artículo 103: “Nadie podrá llevar ni poseer armas de fuego en el territorio nacional sin disponer de la correspondiente autorización emitida por la autoridad policial”. Y que el artículo 111 del mismo Reglamento policial establece: “Se prohíbe portar, exhibir y usar armas, inclusive armas blancas, en actividades deportivas, en lugares de reunión, concentración, recreo, esparcimiento, fiestas populares, o cualquier lugar o actividad que la Policía así lo disponga”. Y tienen también la obligación de conocer y aplicar la Ley 510, que regula la tenencia de armas por los particulares y establece las sanciones pertinentes para quienes las posean y porten ilegalmente.
De todas maneras la concentración pública democrática del sábado 2 de abril fue un éxito rotundo, a pesar de —o gracias a— la misma represión orteguista. En realidad, si a pesar de todas las presiones y represiones del régimen una gran cantidad de gente se concentró en la Carretera a Masaya el sábado por la mañana, es fácil imaginar que si se hubiera respetado el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente, la marcha de la sociedad civil habría sido gigantesca.
Es que el orteguismo sigue siendo minoritario y la amplia mayoría de la ciudadanía es democrática. Cada manifestante de la sociedad civil obstaculizado y reprimido por la Policía y las turbas orteguistas, vale cuando menos por diez de las personas que el oficialismo arrastra a sus manifestaciones totalitarias, la mayor parte obligadas. Y lo más importante es que la movilización democrática del sábado pasado, demostró que cada vez son más los ciudadanos que no le tienen miedo al orteguismo. Los ciudadanos ya vencieron a Daniel Ortega, cuando era muchísimo más poderoso, y ahora se está preparando para vencerlo una vez más.
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