Sin tratarse de una historia de ficción, la sociedad nicaragüense está siendo acorralada por una suerte de ogro, que ataca con al menos cuatro tenazas para impedir a los ciudadanos que actúen en defensa propia y someterlos.
Para imponerse, comenzó a coartar la opinión libre, primero con reproches públicos a quienes expresaban criterios distintos a los oficiales y, después, con amenazas, chantajes económicos y acciones judiciales o policiales contra los reproductores de las críticas al Gobierno, en este caso medios de comunicación y organizaciones civiles.
El segundo paso del agresor fue impedir que la gente inconforme saliera a las calles a protestar de manera pacífica, echándole turbas a su servicio que, como jauría, persiguen y vapulean a quienes alzan pancartas pidiendo libertad, respeto y democracia.
Cuando consiguió expandir el temor por todo el país, empezó a someter a los más débiles y temerosos, con regalías o la simple advertencia de que serán castigados si reniegan; y entonces, ya con ínfulas de dictador, ordenó que la identidad ciudadana sea dada con preferencia a quienes le veneren o le aplaudan.
Aunque la ley ordena que todo ciudadano nicaragüense reciba su cédula de identidad a partir de los 16 años de edad, el personaje de este relato solo la entrega a sus seguidores y quienes se congracian con su régimen para no perder el espacio de supervivencia económica que les ha concedido.
Aunque los marginados sean mayoría, han sido pocas las protestas hasta hoy y pocos los efectos de las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil, en cuanto a revertir el estado de calamidad en que se hunde el país por la pérdida de libertad y derechos.
El régimen calcula que si ha sembrado suficiente miedo entre la población, cosechará abundante sumisión; y a un costo bajo, porque el nivel de las protestas ha sido menor que el de la represión. Esto, sin embargo, se puede revertir a medida que se acerque el día de la votación.
Como ha planteado el catedrático venezolano Benigno Alarcón-Deza, en cualquier país la democratización es el resultado del aumento del costo de la represión, a la vez que se reduce el costo de la tolerancia.
Entre los factores que incrementan el costo de la represión, según Alarcón-Deza, están las movilizaciones masivas en defensa de derechos ciudadanos, crecimiento de los sectores de oposición, aumento de medios e información con ideas democráticas, exigencia de elecciones libres y presión y atención internacional.
Después de atenazar a la libertad de opinión y los derechos de movilizarse y portar una cédula de identidad, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, alista una tenaza más para impedir que un sector de la población vote el 6 de noviembre próximo, lo que, según él, le permitiría ser reelecto.
Quienes carezcan de cédula después de agosto se quedarían sin votar por una trampa oficial y es casi seguro que cientos de miles de nicaragüenses que afrontan ese problema son simpatizantes de partidos de oposición y viven en municipios donde las oficinas de cedulación permanecen cerradas por una “extraña” decisión del Poder Electoral.
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