Muchas elecciones se han celebrado en Nicaragua a lo largo de sus casi 190 años de historia como país independiente. Pero en su gran mayoría han sido farsas electorales, comicios fraudulentos, burlas a la voluntad popular. Sólo en algunas pocas ocasiones, los políticos gobernantes han permitido elecciones libres y justas y respetaron el voto popular, ya fuera por su propia voluntad o porque los obligaron.
Una de esas rarezas en la historia electoral de Nicaragua fue la elección presidencial, de diputados y de concejales que se realizó el 25 de febrero de 1990, la cual cumple hoy 21 años, precisamente cuando el ambiente político se comienza a preparar para otros comicios que serán tan cruciales como aquélla
En efecto, igual que ocurrió con las elecciones nacionales del 25 de febrero de 1990, las que tendrán lugar el 6 de noviembre de este año serán también para escoger entre democracia y dictadura. Por lo tanto, cabía esperar que las experiencias y enseñanzas del histórico fenómeno electoral ocurrido hace 21 años, serían aprovechadas por los demócratas nicaragüenses y los opositores en general a fin de unirse y crear el instrumento político apropiado para volver a derrotar a Daniel Ortega y el FSLN en las urnas electorales. Sin embargo, no ha sido así.
Es cierto que, por lo general, las situaciones y los fenómenos históricos son irrepetibles. Pero aunque la historia no se repita exactamente, lo cierto es que todos los procesos y hechos históricos contienen lecciones para el futuro y marcan pautas para tomar decisiones en otras circunstancias, que si bien no son exactamente iguales, sin embargo son parecidas en distintos aspectos. No obstante, pocas veces las personas, y los políticos en particular, aprecian el valor de la experiencia histórica y aprovechan sus lecciones.
En las elecciones del 25 de febrero de 1990, doña Violeta Barrios de Chamorro derrotó a Daniel Ortega con 54.7 por ciento de los votos sobre 40.8 por ciento. Por otra parte, la Unión Nacional Opositora (UNO) eligió 51 diputados contra 39 del FSLN, mientras que el Movimiento de Unidad Revolucionaria (MUR) recibió sólo el 1.18 por ciento de los sufragios pero eligió un diputado, y una alianza de socialcristianos con indígenas del Caribe que obtuvo menos votos todavía, de los ciudadanos, pero también alcanzó a elegir un representante parlamentario.
Para que pudiera ocurrir aquel inédito e histórico triunfo democrático cívico del 25 de febrero de 1990 —cuando por primera vez en el mundo un régimen revolucionario, dictatorial y de orientación comunista fue derrotado y destituido por la vía electoral—, concurrieron y se combinaron diversos factores. Y uno de los principales fue la alianza de 14 partidos políticos que integraron la UNO: 3 facciones conservadoras, 3 liberales, 3 socialcristianas, 2 socialdemócratas, 2 grupos marxistas-leninistas y una corriente del movimiento unionista centroamericano.
Todos aquellos partidos o grupos políticos tuvieron conciencia de que tenían un poderoso adversario común, el FSLN y Daniel Ortega, y de que únicamente lo podrían derrotar con una alianza que motivara a todos los nicaragüenses que no sólo querían la paz, sino también la libertad, la democracia, la justicia y la solución democrática de la crisis económica y social en Nicaragua. Por eso fue que pudieron unirse a pesar de las profundas y a veces enconadas diferencias que los dividían y enfrentaban.
Ahora la situación es básicamente igual. De nuevo Daniel Ortega y el FSLN están en el poder y amenazan con imponer una dictadura eterna, con modalidades distintas a la de los años ochenta pero con igual contenido y objetivo. Sin embargo, esta vez no ha sido posible que la mayoría de los partidos y grupos opositores se unan en una sola alianza electoral, como se hizo para las elecciones de 1990. De manera que la oposición participará en dos o tres casillas principales —sin incluir a los grupos marginales, que no cuentan mucho—, repitiendo así la situación de 2006 cuando Ortega ganó con sólo el 38 por ciento de los votos, gracias a la división del voto opositor pero sobre todo por el pacto que hizo con Arnoldo Alemán para bajar el umbral electoral.
No obstante, el doctor Alemán podría hacerle un gran favor a la lucha por la recuperación de la democracia y aliviar el terrible daño del pacto que hizo con Ortega para que este pudiera recuperar el poder presidencial. Lo único que tendría que hacer es renunciar a su candidatura que divide y promueve abstención, y dejar a su partido en libertad de unirse a una opción mayoritaria genuinamente democrática. Sólo eso. Y aún es tiempo de hacerlo.
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