La oficina de Asuntos Laborales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) recibió ayer una denuncia de parte de 34 ex trabajadores de la Alcaldía Municipal de Ciudad Darío en contra del edil de esa ciudad Ángel Rafael Cardoza Orozco.
Según explicó Álvaro Leiva, abogado de la CPDH, el alcalde de Ciudad Darío se niega a cumplir con una sentencia judicial que lo obliga a reintegrar a los demandantes a sus puestos de trabajo, además de pagarle su salario retroactivo a partir de la fecha de despido.
“Estamos hablando que hubo más de 34 servidores públicos que en febrero de 2009 fueron despedidos, sin el debido proceso que establece la ley; lo que equivale que el despido de estos servidores fue de forma ilegal”, sostuvo Leiva.
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La sentencia, que fue dictada el 21 de mayo de 2010, establece el reintegro de los trabajadores y el pago de los salarios que dejaron de percibir desde la fecha de despido; sin embargo el alcalde se ha negado a cumplir con lo establecido en la sentencia, por lo que, según Leiva, estaría cometiendo el delito de desobediencia y desacato de sentencia judicial.
PURO CAPRICHO
La carta de despido que presentó como prueba una de las demandantes, aducía que el despido se debía a un proceso de reorganización de personal y administrativa que estaba realizando la Alcaldía por recomendaciones técnicas.
Pero Leiva insiste en que no existe ningún fundamento legal que motive al despido laboral de estos servidores públicos, más que el simple hecho de no ser de la línea o ideología política del alcalde.
“Olvidándose (el alcalde) que los servidores públicos no son instrumentos, ni recursos de un partido político . Los servidores públicos municipales están sujetos únicamente a la Constitución Política y a la ley especial que fue creada para el servicio público municipal administrativo (Ley 502)”, sentenció Leiva.
ÓRDENES DEL PRESIDENTE
Dania Espinoza trabajó durante más de siete años como responsable del sistema de catastro de la comuna. Ella explica que de un día para otro le pusieron una persona al lado, que tenía llave de los archiveros y acceso a la computadora.
“Me corrieron y hasta la fecha no me han pagado. El tribunal ya dictó sentencia y él (al alcalde) no quiere cumplir. Únicamente lo que se ha dicho es que nos quieren pagar en abono”, explicó Espinoza.
Sin embargo, Mery Luz Pravia sospecha que el pago no se hará efectivo, pues según ella el mismo alcalde aseguró que no le pagará a los trabajadores despedidos, por orientaciones del mismo presidente Daniel Ortega.
“El señor alcalde dice que es por orientaciones del mismo Presidente de la República que no se le pague a los trabajadores y dice que ellos mandan y dice que no hay ningún magistrado que lo haga cumplir. A eso se atienen”, indicó Pravia, quien durante 19 años se desempeñó como registradora civil
Según Álvaro Leiva, éstos son tan sólo 34 trabajadores, que forman parte del gran bolsón de más de 18,500 trabajadores estatales que fueron despedidos de sus puestos desde el 2007, cuando asumió la Presidencia Daniel Ortega.
Sin embargo, Leiva no descartó llevar el caso ante el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y ante el alto tribunal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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