Entre los muchísimos documentos diplomáticos secretos o confidenciales de Estados Unidos que han sido filtrados por WikiLeaks, se ha dado a conocer uno del Embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, en el cual éste reportó al Departamento de Estado que: “Sean cuales sean los méritos de un caso contra Zelaya, su remoción forzada por los militares fue claramente ilegal y la asunción de Micheletti fue totalmente ilegítima”.
El Embajador estadounidense en Tegucigalpa se refería a la destitución el 29 de junio de 2009, del ex presidente hondureño Manuel Zelaya, quien, con el respaldo de los gobiernos del Alba y particularmente del de Venezuela, que preside Hugo Chávez, estaba maniobrando para reelegirse en la Presidencia de Honduras y seguir de esa manera en el poder, a pesar de que la reelección presidencial es prohibida categóricamente por la Constitución. La destitución de Manuel Zelaya fue calificada como golpe de Estado por la OEA, incluyendo a Estados Unidos, así como por la Unión Europea y las Naciones Unidas, sin atender las explicaciones de las nuevas autoridades hondureñas de que fue una medida de necesidad en defensa de la Constitución, la institucionalidad y la democracia.
Pero la filtración del referido mensaje del embajador Hugo Llorens carece de importancia política actual, pues fue del amplio conocimiento público que el gobierno estadounidense condenó la destitución de Zelaya, por considerarla un golpe de Estado, y respaldó las acciones políticas de la OEA para tratar de restablecerlo en el poder.
Inclusive, por defender a Manuel Zelaya y tratar de restaurarlo en el poder, el Gobierno de Estados Unidos castigó a Honduras cancelando importantes programas de cooperación y suprimiendo los visados a prominentes funcionarios del nuevo gobierno hondureño. Por eso fue que Rafael Pineda, Ministro de la Presidencia en el Gobierno de Roberto Micheletti, dijera que: “Lamentamos que un gobierno, que un país y un pueblo, que es amigo nuestro haya tomado la decisión de irse por el lado de Chávez y de condenar al pueblo que lucha contra la expansión marxista en América”. Y agregó el alto cargo hondureño que: “No logro comprender por qué los Estados Unidos respaldan a (Hugo) Chávez y no respaldan a un país y a un pueblo que lo que ha decidido es ponerle un ‘hasta aquí’ a un sátrapa venezolano que quiere convertirse en el líder de América Latina sobre la base de su petróleo y de sus dólares”.
Tan claro fue el respaldo de Estados Unidos a Manuel Zelaya, que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, lo recibió oficialmente en Washington, el 7 de julio de 2009, ocho días después de su destitución, y después de esa reunión el gobierno estadounidense endureció las sanciones contra el gobierno provisional de Micheletti, el cual, sin embargo, sobrevivió a todas las presiones. No obstante, después de las elecciones de noviembre de 2009 al gobierno de Obama no le quedó más remedio que reconocer al nuevo Presidente de Honduras, Porfirio Lobo, presionado también por el Partido Republicano, que por medio del influyente senador Jim DeMint mantenía bloqueado en el comité de asuntos exteriores del Senado, los estratégicos nombramientos de Arturo Valenzuela, como Secretario de Estado Adjunto para relaciones interamericanas, y Thomas Shannon como Embajador en Brasil.
O sea que la posición del gobierno de Estados Unidos con respecto a la destitución de Manuel Zelaya, fue siempre clara y públicamente conocida. La calificó como un golpe de Estado y apoyó los esfuerzos políticos que hizo la OEA por restaurarlo en el poder. De modo que lo que ha demostrado la revelación del mensaje del embajador Hugo Llorens es que la política hondureña de Washington no era una simulación, como han dicho los zelayistas hondureños y sus aliados en el exterior.
En cuanto a Nicaragua, es interesante saber si en los documentos filtrados por Wikileaks, hay alguna valoración de Estados Unidos sobre el golpe de Estado “legal” que ha perpetrado Daniel Ortega, para volver a reelegirse y seguir en el poder. En realidad, ¿acaso no es un verdadero golpe de Estado el sometimiento de todos los poderes e instituciones del Estado a Daniel Ortega, el atropello a la Constitución, el quebrantamiento de la institucionalidad democrática y la ruptura del Estado de Derecho? ¿Y acaso esas tropelías no son violaciones flagrantes de la Carta Democrática de la OEA?
Lamentablemente, el conocimiento de los documentos sobre Nicaragua que hay en las filtraciones de WikiLeaks, depende de que los cuatro periódicos de Europa y uno de Estados Unidos que tienen el privilegio de revelar su contenido, decidan si es material relevante o carece para ellos de importancia.
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