En la prensa internacional de entretenimiento se suele calificar como “millonarios por arte de magia”, a los jóvenes actores de cine que protagonizan las exitosas películas en serie sobre las aventuras de un aprendiz de magia llamado Harry Potter, cuyos ingresos sobrepasan los 6 mil millones de dólares, sin incluir el último filme. Aunque hace ya nueve años que se estrenó la primera película sobre Harry Potter, la historia literaria sigue produciendo grandes beneficios para su autora inglesa mientras que sus versiones cinematográficas continúan incrementando las fortunas de sus protagonistas, quienes, literalmente hablando, se han hecho millonarios gracias a la magia.
En realidad, en el lucrativo mundo del entretenimiento de Estados Unidos y Europa, algunos deportistas, artistas e inclusive escritores, gracias a su extraordinario talento o condición física, en el cine, los deportes profesionales y la literatura, obtienen enormes beneficios por sus presentaciones o sus obras y se convierten en millonarios con impresionante rapidez.
Pero también en Nicaragua hay nuevos ricos, sólo que no es precisamente por arte de magia, como los protagonistas de Harry Potter, que se han enriquecido de manera rápida y notoria, ni por habilidad deportiva o talento artístico e intelectual, sino por su habilidoso aprovechamiento con fines de lucro personal del ejercicio de cargos públicos privilegiados.
Ciertamente, es asombroso —por decirlo de alguna manera— cómo algunos personajes políticos han logrado enriquecerse desmesuradamente al amparo del poder. Ellos han logrado en muy poco tiempo, lo que a antiguos ricos les ha costado décadas de trabajo empresarial o lo heredaron de un patrimonio familiar acumulado por generaciones.
Tal pareciera que la divisa de las cúpulas políticas de Nicaragua es la de que: “quien no se hace rico mandando, no tiene cuando”. Y precisamente por eso es que tiene tanta importancia el objetivo que se ha planteado el candidato presidencial de la unidad democrática, don Fabio Gadea Mantilla, levantando una bandera del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, de que es imperiosamente necesario promover una revolución de la honestidad gubernamental.
El enriquecimiento de funcionarios estatales al amparo del poder estatal es claramente un problema de interés público. Este no es un asunto privado de personas que han hecho fortuna a base de su propio capital y trabajo, sino de individuos que se han enriquecido gracias a su acceso al patrimonio de la sociedad, de todas las personas que pagan impuestos para financiar el sostenimiento del Estado y sobre todo el gasto social en salud y educación pública, en infraestructuras y demás obras que son indispensables para la vida digna y el progreso humano.
Precisamente porque el enriquecimiento súbito de algunos funcionarios gubernamentales es un tema de máximo interés público, es que los medios de comunicación y los periodistas independientes tienen no sólo el derecho sino también el deber de investigarlos y de informar sobre el origen de sus fortunas y el modo de vida que disfrutan; aunque esas investigaciones e informaciones molesten a las personas que se han hecho millonarios no por arte de magia sino por el abuso en el ejercicio del poder.
La información es un bien público que pertenece a la sociedad y con mucha mayor razón lo es aquella que se refiere al enriquecimiento de los funcionarios públicos. Aún en el caso de que el enriquecimiento súbito del funcionario público fuese justificado, como recibir una herencia millonaria o ganar un cuantioso premio de lotería nacional o extranjera, los ciudadanos tienen derecho de saberlo para estar claros de que no es con el erario que ese funcionario se ha enriquecido, ni porque los recursos que deben ser invertidos en escuelas, hospitales, infraestructura y otras necesidades sociales, se están desviando al beneficio particular de determinadas personas.
En una sociedad abierta, en la cual existe la libertad de prensa —y en Nicaragua todavía la hay, afortunadamente los gobernantes, no pueden hacer lo que se les antoje. Ellos son empleados estatales que deben ser fiscalizados constantemente por los periodistas independientes e investigadores, los cuales tienen derecho y deber de relatar los actos de los gobernantes, de decirle al público si los recursos públicos son administrados honradamente o está ocurriendo lo contrario. Y eso es lo que hace LA PRENSA con algunos trabajos de investigación, como, por ejemplo, el del periodista galardonado Octavio Enríquez sobre el ostentoso enriquecimiento del presidente de facto del Poder Electoral.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
