Por Josué Bravo
CORRESPONSAL /COSTA RICA
Con una actividad cultural culminó la tarde de este martes la huelga de hambre en la que ambientalistas exigían al Gobierno costarricense revertir un decreto ejecutivo que declaró de interés nacional la minería Crucitas.
Unos diez artistas nacionales ante la presencia de cientos de personas, amenizaron un concierto en el que el joven Andrés Guillén, el último ayunante, depuso la huelga de 26 días que les provocó problemas de salud.
Un día antes, David Rojas otro ambientalista en huelga de hambre fue remitido a una clínica para ser valorado, dado que se desvaneció a causa de la huelga que iniciaron 14 ambientalistas desde el pasado 8 de octubre.
Aunque lograron respaldo de opositores, la huelga se depuso ante la falta de respuesta oficial que durante el ayuno colocó una barrera metálica y policías frente a Casa Presidencial que dividían literalmente a la casa de gobierno con los campamentos de los ambientalistas.
«Hoy termino, ya cumplí 600 horas, bueno no solo terminé yo, terminamos todos los compañeros que iniciamos aquí, porque fue gracias a ellos y a la fuerza de voluntad de un conjunto, que se ha logrado llamar la atención de la población, cuando menos era lo que queríamos», declaró a los medio Guillén, la tarde de este martes.
Por su parte, Rojas indicó que debido a las complicaciones de salud y problemas para acceder a servicios básicos llevaron a deponer la huelga a él y su compañero Guillén.
Criticó que si por el gobierno fuera, cualquiera pudo haber muerto sin que lograran una respuesta satisfactoria de parte de la presidenta Laura Chinchilla.
«Lo único que nos queda es decirle a doña Laura que se comprometa públicamente en caso que el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo sea positivo a la parte demandante, a revocar el decreto que declaró de interés pública Crucitas, por asunto ético y de responsabilidad», dijo Rojas.
«El gobierno le quedó debiendo a Costa Rica. Sólo queda que los jueces del Tribunal le laven la cara y la imagen al pueblo de Costa Rica y le devuelvan la confianza al pueblo donde la institucionalidad se encuentra colapsada», añadió.
En el Tribunal Contencioso Administrativo se realiza un juicio contra el estado y la empresa minera en el mencionado Tribunal, donde movimientos ambientalistas quieren revertir permisos ambientales para que la minería opere.
