Diputados y magistrados del gubernamental partido FSLN no cesan de manosear la Constitución de Nicaragua. Ahora han hecho publicar en La Gaceta, Diario Oficial del Estado, un nuevo texto constitucional que supuestamente será el único oficial, incluyendo la disposición transitoria que se dictó en 1987 para una situación específica que fue resuelta hace 23 años, pero la han resucitado para facilitarle a Daniel Ortega la presentación de su candidatura a una nueva reelección presidencial, a pesar de que está expresamente prohibida por la misma Constitución.
La Constitución Política de la República es un texto sagrado, en el sentido cívico del término, o sea “Digno de veneración y respeto” según definición del Diccionario de la Lengua Española. Pero esta consideración, hay que precisarlo, es propia de sociedades democráticas donde se respeta y se hace cumplir la ley que se basa en los principios, valores y normas de una ley suprema que es la Constitución; países donde la violación, el atropello y el manoseo a la Constitución se castiga rigurosamente, independientemente de quién es el violador, así sea el más encumbrado jefe de Estado y de Gobierno. Inclusive, entre más alta es la posición y mayor la responsabilidad de la persona, más grave es el delito de violación constitucional y más severa la condena que se le impone.
Pero eso es, repetimos, en sociedades genuinamente democráticas, donde impera el Estado de Derecho, las instituciones son respetadas y las personas y entidades gozan de seguridad jurídica; países donde los poderes del Estado funcionan de manera independiente, la justicia es imparcial y la ley se dicta para que se cumpla y respete, no para ser manipulada por los gobernantes en favor de sus intereses particulares.
Es que en cualquier país civilizado, la Constitución es la base jurídica de la institucionalidad, la seguridad y la estabilidad de la sociedad. La Constitución determina que el poder emana del pueblo y en consecuencia establece que quienes ejerzan el gobierno por mandato popular, se sometan al imperio de la ley; y garantiza que la justicia sea administrada por jueces profesionales, independientes y honestos.
A fin de cumplir esa función suprema, la Constitución contiene las disposiciones fundamentales de carácter político, administrativo, derechos humanos, organización de la economía nacional, etc., que articulan la dinámica del Estado. Pero esas disposiciones sólo pueden tener eficacia, si la Constitución no es sometida a los intereses particulares de quienes ejercen las funciones de gobierno. O sea que la Constitución debe estar protegida de los caprichos de los grupos de poder, los partidos y los líderes políticos..
En realidad, si es cierto que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la organización política de la sociedad tiene que estar determinada por una Constitución, la cual debe ser respetada por todos —pueblo y gobierno— como algo verdaderamente sagrado.
¿Pero quién puede proteger la Constitución de aquellos que ejercen el poder de manera arbitraria, como Daniel Ortega y su camarilla política, quienes la ignoran, la ningunean, la violan y la manosean de diversas maneras, para ajustarla a sus intereses de grupo y a su plan de instaurar una nueva dictadura familiar, partidista y corrupta?
Los juristas constitucionalistas conocen una histórica polémica que se suscitó entre los grandes maestros internacionales del derecho político y constitucional, Hans Kelsen (1881-1973), austríaco, y Carl Schmitt (1888-1985), alemán, acerca de a quién le corresponde defender la Constitución. Debe defenderla el presidente, aseguró Schmitt, pero Kelsen le respondió: “¿Y entonces, quién custodia al custodio?”
La idea de Hans Kelsen, teóricamente correcta sin duda, era que la Constitución tiene que ser protegida por el Poder Judicial y específicamente por una Corte Constitucional. Pero en Nicaragua, que no es un país donde impera el derecho sino un reino familiar, partidista y oligárquico de la arbitrariedad, ¿quién protege a la Constitución de unos magistrados que por sus hechos deberían ser por lo menos destituidos, si no es que enjuiciados y puestos en prisión?
Y en el caso de los diputados, que dicen defender la Constitución mientras unos dejan hacer a Daniel Ortega, otros actúan como sus sicarios legislativos y los demás se consumen en la impotencia, ¿quién custodia a semejantes “defensores” de la Constitución?
Definitivamente, sólo el pueblo salva al pueblo y puede defender la Constitución. Y como ha ocurrido en otras ocasiones históricas, llegará el momento en que el pueblo asuma esa gran responsabilidad.
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