El asedio a las instalaciones del Diario LA PRENSA, el martes de esta semana, por parte de turbas oficialistas que disparaban explosivos de morteros, ha servido para demostrar la veracidad de nuestra denuncia pública y ante organismos internacionales, de que estamos sufriendo un acoso sistemático por parte del régimen dictatorial de Daniel Ortega.
En derecho se aplica el aforismo de que “a confesión de parte relevo de pruebas”, para referirse al reconocimiento de palabra o tácito que alguien hace del hecho que se le imputa. Es decir, cuando por propia confesión el sujeto reconoce la veracidad del hecho que se le señala, ya sea que lo haga mediante una declaración judicial expresa, o de manera extrajudicial, directamente y por cualquier medio público.
Pues bien, el ataque que el martes de esta semana perpetraron contra LA PRENSA turbas oficialistas, —las mismas que durante los últimos tres años y medio han atacado, vapuleado y lesionado a miembros de partidos de oposición y organizaciones cívicas, activistas de derechos humanos y periodistas independientes—, ha demostrado que no es cierto que haya un conflicto laboral con supuestos trabajadores de esta empresa. Ha quedado muy claro que lo que hay es una agresión gubernamental contra la libertad de prensa, en términos generales, y contra el Diario LA PRENSA en particular.
Como lo reafirmó en nuestra edición de ayer el Gerente General de LA PRENSA, ingeniero Hugo Holmann Chamorro, “este Diario no puede reintegrar al grupo de 23 personas que anteriormente prestaba el servicio de distribución del periódico por suscripción, debido a que éstos no son empleados de la empresa, sino que estaban contratados para prestar ese servicio que efectuaban por horas”. Y agregó el alto ejecutivo de LA PRENSA que eso “es un asecho en contra de la libertad de expresión, es un asecho al nicaragüense, al derecho de ser informado, porque estos señores lo que están haciendo es obstaculizar la distribución del periódico”.
Que esta falsa demanda laboral es en realidad una acción política del régimen orteguista contra el Diario LA PRENSA, pero también contra el derecho a la libertad de información de todos los nicaragüenses, lo ha comprobado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el cual, por medio de su presidenta, doctora Vilma Núñez de Escorcia, de su director, doctor Bayardo Izabá, y de su director jurídico, doctor Gonzalo Carrión, ha expresado que la acción de las turbas oficialistas “contaminó” la supuesta demanda laboral; que al disparar morteros y estar en situación amenazante, le meten miedo al trabajador de LA PRENSA “que está ejerciendo la labor de llevar la información a la población”; y que hay “un interés más político partidario en esa acción”. Y enfatizó el doctor Gonzalo Carrión que “tampoco vamos a aprobar una arbitrariedad, tampoco vamos a aprobar un acto de orden vandálico que afecte los derechos humanos de otro gremio”.
Incapaz de contener su compulsión agresiva y su odio a la libertad de prensa y al Diario LA PRENSA, con la agresión del martes pasado el régimen orteguista ha reconocido que está ejecutando una estrategia de agresión contra este Diario, la cual ha incluido desde un malévolo intento de sabotear la máquina rotativa, acusaciones judiciales y el arbitrario cobro de impuestos por la importación de insumos que están exonerados por el artículo 68 de la Constitución Política de la República, hasta esta falsa demanda laboral que no tiene ningún asidero legal.
Pero la agresión del régimen orteguista no es sólo contra el Diario LA PRENSA. Es un ataque general contra la libertad de prensa y contra los medios de comunicación libres e independientes. Igual que LA PRENSA, también han sido víctimas de las asechanzas orteguistas la revista Confidencial y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche ; el programa televisivo de opinión de Jaime Arellano; El Nuevo Diario; periodistas de los medios independientes y de las organizaciones de la sociedad civil; Radio Corporación a la que se le ha amenazado y se le quiere ahogar económicamente; Radio Darío, de León, cuyas instalaciones fueron destruidas por las turbas; Radio La Ley de Sébaco, que fue sacada del aire y sus equipos confiscados; la Radio 15 de Septiembre reiteradamente hostigada, etc.
Nadie se puede llamar a engaño. El acoso es contra la libertad de prensa que es un valor de todos los nicaragüenses. Y todos debemos defender esta libertad primordial que está siendo asechada por el régimen orteguista.
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