El presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, defendió la propuesta para reformar la Ley de Contrataciones del Estado, impulsada por el partido de gobierno y que según especialistas viene a dejar abiertas ventanas para que puedan enriquecerse los socios de las llamadas empresas de maletín, ligadas a intereses de la cúpula gubernamental.
LA PRENSA publicó ayer un análisis sobre las negativas consecuencias en el control de los recursos públicos si se aprobase esta reforma tal y como es impulsada por el orteguismo, con la complicidad de una Contraloría General de la República que prácticamente ha rendido su rey como ente fiscalizador ante las irregulares actuaciones de la Administración orteguista.
Gutiérrez argumentó que la reforma lo que busca es ordenar el sistema de contrataciones públicas y de paso fortalecer las funciones de la Contraloría.
Sin embargo, las respuestas de Gutiérrez contravienen las disposiciones de la Constitución Política en lo referido a las funciones del ente fiscalizador de los recursos públicos.
“Estamos creando orden. Actualmente la Ley de contrataciones del Estado establece que en casos particulares, como las contrataciones directas, tienen que ser aprobadas por la Contraloría. La Constitución Política te plantea que la CGR es un organismo de seguimiento, es decir, que viene a revisar tu ejecución. Pero si vos le das facultades a la CGR para aprobar de previo algo que va a estar sometido posteriormente a su fiscalización, la Contraloría se convierte en juez y parte”, indicó el parlamentario en declaraciones brindadas a distintos medios de comunicación.
La justificación del presidente de la Comisión Económica está en clara sintonía con una solicitud hecha desde junio de 2009 por el presidente de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, quien —agobiado por las críticas ante la aprobación masiva de las exclusiones de procedimientos— pidió que les quitaran esa función, argumentando que no tenían control previo, sino posterior, contraviniendo la función constitucional establecida en el artículo 155 que los manda a “establecer un sistema de control de manera preventiva”.
La CGR, bajo control del orteguismo, ha aprobado la contratación directa de 407 millones 435 mil 971 dólares con 56 centavos en los primeros tres años del gobierno de Daniel Ortega, más que a cualquier otra Administración en la etapa democrática del país.
Esta función, de acuerdo con la reforma propuesta por el oficialismo, pasaría ahora a la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
“Ningún procedimiento que la Contraloría te apruebe como contratación directa te va a decir ahora que está malo, luego de hacer una revisión del proceso. Es una de las contradicciones de la ley”, justificó Gutiérrez.
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