En acciones paralelas que ya empiezan a ser vistas como una doble estrategia del Gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, para obtener recursos adicionales y a la vez comenzar a implementar controles sobre la población, las instancias encargadas de garantizar los documentos oficiales de identificación cada día hacen más difícil la obtención de los mismos.
Mientras el Consejo Supremo Electoral (CSE) continúa entregando la nueva cédula de identidad a los ciudadanos que pueden pagar los 300 córdobas, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) pretende que los diputados de la Asamblea Nacional aprueben una propuesta de reforma a la Ley de Migración que incluye la duplicación del costo del pasaporte y otros trámites migratorios.
La doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), señala que el cobro de las cédulas, así como la pretensión de la Dirección de Migración y Extranjería de incrementar el costo de los servicios que ofrece, es prácticamente un asalto al bolsillo de la gente pobre de Nicaragua.
“Ahora de pronto nos despertamos y en los medios de comunicación aparecen los nuevos esfuerzos de seguir extorsionando a la gente, ya no por el Consejo Supremo Electoral, sino por la Dirección de Migración y Extranjería, y anuncian el cambio de precios del pasaporte”, señala Núñez, quien agregó que lo que más la ha sorprendido es ver a algunos diputados como “agentes oficiosos”, dando razones por las cuales es lógico que a la gente le cobren más por el pasaporte.
Según Núñez, al aumentar los costos en pasaporte y trámites migratorios, están violentando el derecho a la libertad de movilización, porque de alguna manera impiden que la gente se movilice legalmente para donde quiera y están promoviendo la desigualdad entre los que pueden viajar y los que no pueden.
GOBIERNO QUIERE SOMETER A LA GENTE
Para Núñez, el afán de las instituciones gubernamentales, al establecer aranceles de forma ilegal, obedece a la voracidad del Gobierno de acapararlo todo y de someter a la gente por hambre, pero además se pregunta si con esas medidas el Gobierno quiere impedir la salida de la gente a otros países para buscar mejores oportunidades de empleo.
“¿Será que están impidiendo que la gente salga, porque quieren tenerla muerta de hambre aquí, porque tienen miedo de que se produzca lo que pasa en otros países, como en Cuba, que la gente se va, y tienen miedo de que la gente se les vaya, porque lo que están haciendo son medidas impopulares, antipueblo? ¿Cómo es que éste es el pueblo presidente? ¿Cómo es que lucha contra la pobreza? Por la única pobreza que ha luchado Daniel Ortega es contra su pobreza; aunque alteren las encuestas, la gente lo siente en la vida cotidiana”, reflexionó Núñez.
- Jorge Rooseess, coordinador de políticas públicas de la Red Nacional de Defensa del Consumidor, dijo que no están de acuerdo con cobros diferenciados que el Estado pueda hacer por el cumplimiento de una obligación administrativa, sin embargo, señaló que dichos cobros no son únicamente responsabilidad del Estado, sino de la sociedad en general.
Según Rooseess, el cobro de la nueva cédula no debería darse de ninguna manera, porque el Estado debe cobrar únicamente si la van a reponer. Si se venció no tenés que pagar, porque eso es una emisión, no una reposición, expresó Rooseess.
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CSE RESPONDE A CGR
En el plazo que le concede la ley, el CSE envió el “informe detallado” sobre el cobro de 300 córdobas solicitado el pasado 6 de agosto por la Contraloría General de la República (CGR) al dar curso a la denuncia interpuesta por el especialista en derecho fiscal Julio Francisco Báez Cortés por el cobro ilegal de la cédula.
Ayer el Poder Electoral envió dicho informe. Según el presidente de facto de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, el escrito reafirma que el CSE está cumpliendo con el mandato de la Ley de Identificación Ciudadana de otorgar de forma gratuita la primera cédula de identidad; y respetando el arancel de 50 córdobas que en su momento estableció la Asamblea Nacional para el trámite de reposición del documento.
“De tal manera que más claro no puede ser cuando el señor presidente (de facto) del Consejo (Roberto Rivas Reyes) nos manda a decir que el cobro que se hace es de 50 córdobas, tal como lo mandata la ley, y no como ustedes (los medios de comunicación) han dicho, que son 300 córdobas”, declaró Argüello Poessy a la periodista Sheyla Cano, de Canal 2.
Añadió que el informe enviado por el presidente de facto del CSE, Rivas Reyes, explica que el cobro de los 300 córdobas se hace “únicamente” en los casos en que se solicita un trámite rápido y que hacen el cobro porque la Ley de Identificación Ciudadana faculta a la institución para hacerlo. “Pero este es un tema que no quisiera abordar porque es el fondo del asunto el cual tengo que resolver”, señaló Argüello Poessy.
Sin embargo, dicha ley no contempla cobros por trámites especiales. Además, el CSE omite que el trámite especial es la única vía de obtener la cédula con el nuevo formato.
Argüello Poessy no dio más detalles sobre los próximos pasos que podría dar la CGR en el caso. Se limitó a anunciar que la Oficina de Denuncia Ciudadana, que sigue la denuncia, debe analizar el informe y podría mandar a pedir información adicional o enviarlo a la dirección jurídica para que emita su opinión.
OPOSITORES SE RETRACTAN
Mientras tanto, en la Asamblea Nacional se tramita una propuesta de reforma a la Ley de Identificación Ciudadana que deja clara la gratuidad de la cédula de identidad. Sólo el tiempo dirá si la propuesta se aprueba.
Pero mientras los diputados sandinistas continúan defendiendo la necesidad de aprobar la propuesta de Migración de incrementar los aranceles que cobra por sus servicios, las bancadas de oposición le retiraron su apoyo.
Incluso, los diputados Eduardo Montealegre y Carlos Langrand, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), enviaron un carta al presidente de la Comisión de Gobernación, que debe dictaminar la iniciativa, pidiéndole que solicite con carácter de urgencia a la directora de Migración, María Antonieta Novoa, un informe sobre las tasas vigentes y el estudio que determinó la necesidad del incremento.
Montealegre recordó que durante el tiempo en que él fue Ministro de Hacienda y Crédito Público, las libretas que se compraban para emitir los pasaportes costaban al Estado alrededor de dos dólares, por lo que considera que se debe justificar técnicamente la necesidad del incremento del costo del pasaporte, que pasaría de 16 a 35 dólares.
Wilfredo Navarro adelantó que la posición de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) es no aprobar el incremento. Lo más que están dispuestos a aceptar es que se suba el costo a 15 ó 20 dólares. “No aceptamos ese incremento brutal. Estamos criticando la ladronada de la cédula y no podemos aprobar eso”, advirtió.
Carlos García, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), expresó una posición similar y aseguró que los votos de su bancada no se prestarán para aprobar dicho incremento.
Por su parte, Wálmaro Gutiérrez, de la banca del FSLN, advirtió que de no aprobarse el incremento de tasas que solicita Migración, habrá que transferirle vía presupuesto los recursos que necesita, ya que la institución tiene un déficit grande y la gran pregunta será de dónde obtener esos recursos, cuando el presupuesto ya tiene un déficit.
Por su parte, la diputada María Eugenia Sequeira advirtió que estos incrementos y los obstáculos que el CSE pone a los ciudadanos de las zonas alejadas para obtener la cédula parecen “estrategias modernizadas” para imponer a la población controles muy similares a los que el presidente Daniel Ortega impuso durante su primer gobierno.
Para Núñez, las consecuencias que tiene el aumento en el cobro del pasaporte no son tanto para quienes pueden pagar, sino para trabajadores migrantes que salen del país en busca de las oportunidades de empleo que no hay en Nicaragua. “Se van a tener que ir por puntos ciegos y llegarán a Costa Rica indocumentados con menos posibilidades a que les reconozcan sus derechos, porque no tienen una identidad, no se dan cuenta de que hemos convertido a Nicaragua en un país exportador de seres humanos, porque aquí no hay trabajo”, advirtió Núñez.
La presidenta del Cenidh dijo que pareciera que todo está siendo planificado por mentes perversas, que saben que el aumento en el costo del pasaporte y demás trámites migratorios es fuente de ingreso segura.
“Es inmensa la cantidad de gente que está migrando, entonces a estos los vamos a obligar a pagar, porque si se van escondido no van a conseguir trabajo; todo esto es planificado por mentes perversas”, reiteró Núñez.
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