Venezuela ha restablecido las relaciones con Colombia —las cuales fueron rotas el 22 de julio pasado por disposición del presidente Hugo Chávez—, tres días después de la toma de posesión del nuevo Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien sustituyó a Álvaro Uribe, el gobernante más popular de su país en los últimos 50 años.
Importa señalar que la gran popularidad de Uribe, que promedia arriba del 70 por ciento, se debe a las contundentes derrotas que su gobierno —del cual el ahora presidente Santos fue pieza fundamental, como Ministro de Defensa— le propinó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). De allí se derivaron los notables avances en seguridad pública, fortalecimiento del Estado de Derecho y mejoramiento del clima de inversiones y negocios en el país, que le han permitido al nuevo Presidente plantear su estrategia gubernamental de “prosperidad democrática”, como consecuencia de la ejecutada por el presidente Uribe, que fue la “seguridad democrática”.
Chávez rompió relaciones con Colombia, porque el Gobierno de este país presentó ante la OEA pruebas de la presencia de unos 1,500 efectivos y 85 campamentos de las FARC en territorio venezolano. Pero el Gobierno de Venezuela no quiso aceptar la creación de una comisión que investigara los hechos y los confirmara o desmintiera, ni comprometerse a desalojar a los subversivos colombianos del territorio venezolano. Por el contrario, Chávez rompió relaciones con Colombia, mandó un ejército a la frontera y amenazó a su vecino con la guerra.
La verdad es que siempre se han conocido los vínculos afectivos del presidente Chávez con las FARC, al grado de que en enero de 2008 solicitó a la comunidad internacional que las excluyeran de la lista de organizaciones terroristas y les reconocieran estatus de fuerza beligerante contra el Gobierno de Colombia. Todavía el lunes de esta semana, CNN en español presentó un reportaje en el cual militares de Venezuela reconocen la presencia de las FARC en territorio de este país. Hasta mostraron un mapa de la ubicación de los campamentos de los narcoterroristas extranjeros instalados en suelo venezolano.
En realidad, la denuncia de Colombia ante la OEA, que luego fue llevada al Tribunal Penal Internacional, da para más. Según esa denuncia el gobierno de Chávez estaría actuando de manera flagrante contra la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del 28 de septiembre de 2001, mediante la cual los países miembros de la ONU se comprometieron a luchar frontalmente contra todas las formas de terrorismo, y “abstenerse de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a quienes participen en la comisión de actos de terrorismo”.
La Resolución 1373 establece también que “los Estados deben denegar cobijo a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo o prestan apoyo a esos actos e impedir que utilicen su territorio para esos fines”. Esto no lo ha cumplido el Gobierno de Venezuela, según la denuncia de Colombia. Y la negativa venezolana a aceptar que una comisión internacional independiente investigue las evidencias mostradas, viola también la Resolución 1373 de la ONU que establece la obligación de los Estados “a proporcionar el máximo nivel de asistencia en lo que se refiere a investigaciones relativas al terrorismo”. Además, como lo ha explicado el especialista argentino en Derecho Internacional, Carlos Escudé, la Resolución 1373 “ordena impedir la circulación de terroristas por sus territorios, imponiendo controles eficaces en las fronteras. (De manera que) si esos controles hubieran existido posiblemente nada de lo que Colombia denuncia habría sucedido”.
El domingo pasado Chávez habló en su programa de radio y televisión del restablecimiento de relaciones con Colombia, pero amenazó con que: “Al primer señalamiento irrespetuoso de que aquí apoyamos el terrorismo, que permitimos campamentos guerrilleros, que les damos entrenamiento, dinero y armamento, todo acabaría”. Chávez trató de intimidar al presidente colombiano Juan Manuel Santos, para que no le dé seguimiento a la denuncia presentada ante la OEA y la Corte Penal Internacional.
Pero como el presidente Chávez habla mucho y muchas veces dice una cosa para hacer otra, cabe esperar que en la reunión de ayer en Santa Marta se haya comprometido con el nuevo Presidente colombiano, a tomar medidas para que las FARC y el ELN no sigan usando el territorio venezolano como base de operaciones terroristas contra Colombia.
De todas maneras, la pelota sigue en la cancha del presidente Hugo Chávez. De él sobre todo depende que las relaciones entre Colombia y Venezuela se normalicen completamente y que se fortalezcan.
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