Después que estalló la crisis de la economía global a mediados de 2008, los críticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguraron que este organismo había llegado al fin de su existencia. Se le acusó de no haber podido predecir la gran crisis y de que sus recomendaciones habían sido tardías e ineficaces, y por lo tanto ya no tenía razón de ser. Pero lo que ocurrió en la realidad fue que el FMI salió fortalecido de la crisis y la comunidad internacional reafirmó la importancia del rol que se le ha asignado, desde su creación hasta ahora.
En Nicaragua también se anunció el fin del FMI, pero más bien de su presencia en el país, desde que Daniel Ortega tomó nuevamente el poder enarbolando un programa estatista, socialista, anti Estados Unidos y Europa y, por lo consiguiente, anti FMI. En efecto, en abril de 2007, tres meses después de haber recuperado el poder presidencial y en vísperas de la llegada al país de la primera delegación del FMI después que terminó el período de 16 años de gobiernos democráticos, Ortega aseguró que “antes de cinco años Nicaragua va a estar liberada del Fondo (Monetario Internacional). De eso pueden estar totalmente seguros”. Y precisó que será una bendición “liberarse” del FMI, así como para el Fondo “será un alivio liberarse de un gobierno que defiende los intereses de los pobres y de la nación”.
Todavía a principios de junio de este año, el régimen orteguista mandó a la calle a miles de seguidores del FSLN y empleados públicos, que vociferaron contra el FMI y exigieron su expulsión del país, porque le ha pedido al Gobierno incluir en el Presupuesto Nacional el bono de complemento salarial para 135 mil empleados del Estado, por valor de más de 40 millones de dólares anuales, que según se dice son pagados por la cooperación petrolera venezolana.
Más cerca todavía, apenas el lunes de esta semana, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, declaró a LA PRENSA que su Gobierno no acepta la demanda del FMI de que el financiamiento del bono de complemento salarial se incluya en el Presupuesto General del Estado, porque aceptarla significaría someterse a una imposición .
Pero estando ya en su cuarto año de ejercicio el régimen de Daniel Ortega, el cual prometió “liberar” a Nicaragua del FMI; y después de tantas supuestas victorias que pregona la propaganda oficialista, a estas alturas no debería necesitar más recursos financieros del FMI y éste tendría que estar liquidando sus operaciones en el país. Sin embargo no es así. Más bien el mundillo oficial ha recibido jubilosamente a la delegación del FMI que ha venido a Managua esta semana, a ver si se recupera el programa con Nicaragua que por culpa del gobierno de Ortega no se pudo firmar en mayo del presente año. Es que Ortega recibe muchos recursos de Venezuela para el financiamiento de los programas sociales populistas y el enriquecimiento de la nueva clase dominante, pero necesita de manera apremiante los 36 millones de dólares del FMI que dependen del acuerdo, así como los 40 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que están atados al programa con el Fondo, para poder financiar la inversión pública. Además, Ortega necesitará el próximo año más recursos de esos organismos financieros internacionales, y posiblemente los siga necesitando después de 2012, si logra su propósito de reelegirse y perpetuarse en el poder.
O sea que Ortega tiene que ajustarse a las condiciones del FMI, que además no son gratuitas ni impuestas, sino que se derivan ineludiblemente de la función principal de dicho organismo internacional. Esta función consiste en ayudar a los países que por sus políticas internas sufren grave déficit fiscal y de balanza de pagos, y sus gobiernos, para sobrevivir tienen que pedir préstamos al FMI y otros organismos financieros internacionales; los cuales, para salvaguardar sus recursos exigen ajustes estructurales y programas de gasto público racional, de acuerdo con lo que el país prestatario es capaz de producir. Tan sencillo como eso.
En este sentido los acuerdos con el FMI no son una imposición. Es una decisión que toma cada gobierno con problemas fiscales y necesita recursos para resolverlos: o cumple los requisitos para ser sujeto de crédito o no recibe el financiamiento que solicita. Tal es su libre decisión. Nadie lo obliga ni lo puede obligar a aceptar lo que no le gusta o no le conviene.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
