El fiscal regional, Juan Barrios, confirmó ayer que esa institución dio por cerrado el caso de la llamada Navidad Roja, luego que el representante de los denunciantes fue notificado hace más de un mes sin que haya apelado la resolución.
La Fiscalía notificó a los miskitos que desestimó el caso el 16 de junio pasado a las 9:15 a.m. La notificación fue dirigida a la persona encomendada para recibir notificaciones, Osorno Colleman.
“De esta notificación ya puede hablarse de ella porque ya está firme, ya es cosa juzgada, porque no apelaron”, expresó a LA PRENSA el fiscal regional, Juan Barrios.
Mencionó el funcionario que de acuerdo a lo establecido por el Código Procesal Penal (CPP), en sus artículos 224 y 225, los denunciantes tienen tres días para apelar la resolución de la Fiscalía.
Por tanto, a un mes y una semana, “la resolución está firme, porque no hicieron uso ellos de su derecho de poder impugnarla como dice la Ley”, explicó Barrios.
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona —organismo que acompañó a un grupo de miskitos en su denuncia— calificó “de un show” lo que pretende hacer la Fiscalía con esa resolución.
Carmona aseguró que lo extraño de todo esto es que después de más de cuatro años de haber efectuado la denuncia en la Fiscalía, esa institución haya notificado de su resolución a la persona establecida para ello en Bilwi, Osorno Colleman, cuando éste se encontraba fuera del país. Y no les notificaron también a ellos, para apelar.
“Si realmente hubiera un interés nos hubieran notificado, no sólo allá en Puerto Cabezas sino directamente en nuestras oficinas. Y así hubiéramos podido haber efectuado los alegatos que fuesen necesarios”, refirió Carmona.
“Lo triste es que hay evidencia abundante de que se cometieron crímenes y que al día de hoy no se sabe de los desaparecidos”, reaccionó el secretario ejecutivo de la CPDH.
Y recordó que uno de los testigos del caso es Vidal Poveda, quien perdió uno de los brazos y vio desaparecer a 37 personas.
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- En noviembre del 2006, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago A. Cantón, notificó a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que había recibido la denuncia remitida a ese organismo 13 de octubre, de ese mismo año, por el caso de la llamada Navidad Roja, ejecutada a inicios de los años 80 en el Caribe nicaragüense, por el entonces Ejército Sandinista.
Posteriormente en octubre del 2008, ese mismo organismo dirigió una carta al presidente Daniel Ortega, poniéndole en conocimiento sobre la existencia de una denuncia en su contra por supuestos delitos de lesa humanidad en contra de las comunidades miskitas.
Durante esos años Ortega fungía como presidente del país. Pero en la denuncia de la CIDH, también son mencionados el resto de ex funcionarios y militares que en ese momento habrían participado de las acciones militares que terminaron en crímenes y desapariciones.
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LO QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN
Según el fiscal regional, en su parte resolutiva el fiscal que llevó el caso establece que no encontraron los elementos necesarios para que el Ministerio Público pudiera determinar “que hubo una organización de dirigir, una organización de exterminar”, como denunció en su momento un grupo de miskitos.
“Pues eso, completamente no fue de acuerdo a la tesis del Fiscal en ese momento, no se logró determinar por parte de los hechos denunciados”, señaló Barrios.
La denuncia presentada por ese organismo en junio del 2006 indica que 16 funcionarios del Gobierno sandinista en la década de los ochenta —entre ellos el actual presidente Daniel Ortega Saavedra— implementaron un plan para el reasentamiento de miles de personas de esta región del país, bajo el argumento de que habían planes de la Contrarrevolución de convertir estos territorios en bases sociales y militares a su favor.
Para ello, según la denuncia conocida hace cuatro años, los soldados del Ejército habrían cometido asesinatos, torturas y desapariciones.
En las comunidades donde el entonces Ejército Popular Sandinista encontró resistencia al traslado de las familias, irrumpió de manera violenta rodeando los caseríos, capturando a la población para encarcelarla en las iglesias moravas y en ciertos casos en bodegas improvisadas, donde eran víctimas de graves torturas y asesinatos, dice parte de los resultados de una investigación que en su momento dio a conocer la CPDH.
La operación fue realizada por el Ejército Popular Sandinista para sacar a unos 8,500 indígenas de sus comunidades ubicadas a las orillas del río Coco, frontera con Honduras, y los sobrevivientes reubicados en cinco campamentos para evitar que apoyaran a la Resistencia Nicaragüense.
A estos crímenes sangrientos se les llamó como la Navidad Roja y ocurrieron en veinte comunidades del Caribe, donde inicialmente se conoce de 64 civiles asesinados, 13 civiles torturados y 15 civiles desaparecidos. Los delitos que denunciaron en la Fiscalía fueron “genocidio y crímenes de lesa humanidad” contra indígenas miskitos en la década de 1980.
“Son hechos que fueron hace más de 20 años y que los elementos que la denuncia apuntaba de exterminio y donde se menciona a varias personas, no se le encuentra mérito porque usted sabe que para poder acreditar responsabilidad el artículo 77 del Código Procesal Penal establece que tenés que señalar qué es lo que hizo tal persona, quién orientó, quién dirigió”, sostuvo el fiscal Barrios.
“Toda esa información con los testigos que en su momento aquí fueron tomados, no se logró determinar qué fue lo que efectivamente pasó”, dijo el representante del Ministerio Público en la RAAN.
“Lo que sí nosotros supimos porque estuvimos indagando, de que efectivamente hubo un conflicto en los ochenta, estaba la guerra en vivo con la Contra y en el sector de Waspam al otro lado del río, en este caso en territorio hondureño, estaban disparando hacia Nicaragua, cayendo las bombas en Waspam, por lo que tuvieron en ese momento que desalojar a las personas”, alegó Barrios.
Y es desde esa perspectiva —señaló Barrios— que esa institución determinó que no existían elementos que les pudieran llevar a decir “hay un exterminio, hay orientación, hay un mandato, nada, nada”.
Sobre la existencia de fosas comunes, denunciadas por los miskitos, dijo Barrios que tampoco los testigos pudieron ser claros, pues aunque les preguntaban: “¿Dónde están las fosas? ellos nunca dijeron donde están, decían por decir las cosas, pero ya en la cosa en probatoria no se logra determinar nada de lo señalado por estas personas”.
El año pasado, cuando cumplió tres años de haber denunciado el caso ante la Fiscalía, un grupo de miskitos viajó a Managua para reclamar una respuesta a la tardanza de la investigación. En esa ocasión Vidal Poveda Muller indicó: “Estoy aquí representando a 37 personas que fueron masacradas en Leymus, río Coco, entre ellos un hermano mayor que lo mataron”. Poveda señaló que, al igual que otros miskitos, desde 1982 ha estado buscando justicia.
EX FUNCIONARIOS SANDINISTAS DENUNCIADOS
Además del presidente Daniel Ortega y su hermano Humberto, también fueron denunciados el ex ministro del Interior, Tomás Borge; el ex jefe de la Seguridad del Estado, Lenín Cerna; el ahora Procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas; Lumberto Campbell, ex viceministro de la Costa Atlántica, y el actual presidente del Banco Central, Antenor Rosales.
También los ex miembros del Ejército Sandinista, Del Daniel, Filemón Martínez, Gustavo Martínez, Julio Cordelo, Polo Valenzuela, Rodolfo Evert, Alfonso Wevert y Ricardo Rocha.
Para el secretario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, algo positivo saldrá de la resolución del Ministerio Público que no sólo desestimó la denuncia por la llamada Navidad Roja, sino que dio por cerrado el caso, pues esta información les permitirá remitirla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante ese organismo señalarán que la resolución fue cuatro años después.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A ,1 A
