La primera estrategia antidrogas de la administración de Obama anunciada por la Casa Blanca presenta, al menos en el discurso, un cambio con respecto a políticas de previas administraciones y contiene un mayor enfoque en temas de prevención y rehabilitación. Bajo el argumento de que el problema de las drogas hay que asumirlo como un asunto de salud pública, el presidente Obama reconoce la responsabilidad del Gobierno en abordar con mayor impulso la demanda interna de drogas.
Desde el comienzo de su administración el presidente Obama se ha mostrado abierto a darle un giro al abordaje del problema de las drogas. Se refirió durante la campaña a la descriminalización de la marihuana como una opción, aduciendo que quienes eran encontrados con posesión de esta droga deberían ser tratados por el sistema de salud, no por el de justicia. Luego, ya en el Gobierno, el director de la Oficina Nacional del Control de Drogas, ONDCP, y exjefe de policía de Seattle, Gil Kerlikowske, afirmó que el término “guerra contra las drogas” debería ser eliminado de la jerga oficial por cuanto se limitaba a percibir el problema de las drogas desde una óptica represiva.
Asimismo, la nueva estrategia es producto de un proceso de consultas liderado por Kerlikowske entre un grupo de líderes gubernamentales, académicos, políticos y periodistas, muchos de ellos que promueven la necesidad de un cambio de dirección de las políticas contra las drogas, argumentando que el enfoque represivo adoptado por Washington ha sido un total fracaso.
Pero, en realidad, ¿significa la nueva estrategia una verdadera transformación?
A pesar de que el presupuesto destinado a programas de prevención y rehabilitación aumentó un 6.5 por ciento para el año fiscal 2011 con respecto al año anterior, la mayor parte del presupuesto está enfocado en combatir la oferta de drogas. De hecho, el 64 por ciento del presupuesto general está dirigido a programas de interdicción, erradicación y control, mientras que tan solo el 36 por ciento está destinado a combatir la demanda. Un verdadero cambio hubiera radicado en modificar significativamente estos porcentajes, cerrando la brecha entre uno y otro. Esto quiere decir que aun prima la visión de que es más importante destinar los recursos a frenar el problema más allá de las fronteras estadounidenses en programas para desmantelar la producción, procesamiento y distribución de drogas.
Generalmente las políticas antidrogas anunciadas año tras año por la ONDCP y sus directores de turno, han coincidido en mantener un enfoque basado en el control de la oferta de las drogas. Pero paradójicamente, el debate sobre la necesidad de prestarle mayor atención al problema de la demanda ha surgido en los discursos de muchos funcionarios desde que la oficina del zar antidrogas fue creada bajo la administración del presidente Reagan en 1988. Por ejemplo, uno de los primeros directores del ONDCP, Bob Martínez, nombrado por el presidente George Bush, tratando de apartarse de las críticas que le hacían a su predecesor William Bennet, asumió una posición centrada en la necesidad de tratar el tema de las drogas prestándole más atención al problema interno de demanda. A pesar de su discurso, sabemos que en realidad no hubo ningún cambio durante la administración de Bush. Más adelante, las expectativas se centraron en la nueva administración demócrata del presidente Clinton, y el zar Lee Brown. Pero allí, a pesar de que se auguraba que Clinton le daría un enfoque más integral al tema de las drogas, el enfoque represivo se mantuvo, más aún cuando se nombró como zar antidrogas al general Barry McCaffrey.
Desafortunadamente, las buenas intenciones de algunos funcionarios se han quedado solo en la retórica y no se han traducido en políticas públicas concretas, primando al final el enfoque represivo que ha dominado la política antidrogas de Estados Unidos desde hace más de dos décadas, y que está sustentado por todo un andamiaje burocrático en Washington y en todas las Américas.
Para América Latina esto significa que continúa el enfoque del Plan Colombia, que ahora se traduce también en Plan México, donde la óptica está más influida por los acontecimientos cotidianos de lucha contra los carteles, los guerrilleros y los paramilitares, y menos por el dramático incremento del consumo de drogas. Hay, al igual que en Estados Unidos, una necesidad imperiosa de que los gobiernos empiecen a pensar en su problema de consumo y diseñen políticas de salud pública para lidiar con la crisis que se viene manifestando, entre otros, con el aumento de los índices de inseguridad pública.
En conclusión, a pesar del cambio de matiz del discurso de la administración de Obama en la política contra las drogas, faltará ver que la estrategia se materialice en políticas públicas efectivas para prevenir el consumo de drogas en el hemisferio. La investigación sugiere que campañas como el “DARE” o “Say no to drugs” han hecho poco para frenar el abuso de drogas. Programas publicitarios para prevenir el consumo no bastan por sí solos. Es necesario asumir el problema de la oferta y la demanda de drogas con un enfoque más integral, más social, menos punitivo, respondiendo a los ya muchos años de recursos mal gastados en una lucha que a todas luces ha sido un fracaso.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
