En los medios políticos parlamentarios se está denunciando que en la Asamblea Nacional hay un tráfico de lealtades y votos legislativos, para facilitarle a Daniel Ortega la aprobación de sus políticas gubernamentales que necesitan respaldo legislativo, así como también y sobre todo con el fin de conseguir la reforma constitucional que requiere el líder del FSLN para formalizar y legitimar su reelección presidencial el próximo año.
En las acusaciones y contraacusaciones parlamentarias, se mencionan gruesas sumas de dinero de hasta 300 mil o medio millón de dólares, que supuestamente se han dado o se están ofreciendo a diputados que fueron elegidos en las listas de la oposición, a cambio de que apoyen en la Asamblea Nacional las estrategias de Ortega.
Las sumas de dinero mencionada parecen exageradas, considerando el nivel y la representatividad política de los diputados supuestamente comprados y puestos en oferta. Sin embargo, el empecinamiento de Daniel Ortega por reelegirse y la abundancia de recursos económicos que maneja, provenientes de la cooperación petrolera venezolana, hacen pensar que cualquier precio debe ser poco para el caudillo del FSLN con tal de alcanzar su objetivo de reelegirse y perpetuarse en el poder.
Esa compra y venta de conciencias y votos en la Asamblea Nacional y en el sórdido mundillo de la política partidista de Nicaragua, debería de ser motivo de vergüenza nacional. La ciudadanía tiene que preocuparse seriamente por la bancarrota moral de la la política en Nicaragua. La solución no es repudiar la política, sino sanearla y recuperarla para el servicio a la sociedad. Y en primer lugar hay que dilucidar si la descomposición moral de la política es un mal integral e incurable, si los políticos éticos son una rara excepción y una especie en vías de extinción, o si todavía se puede esperar la recuperación de la política.
Al respecto algunos politólogos aseguran que no es de ahora que la política sufre una degradación moral, que siempre ha sido así. Más aún, aseguran que la política y la moral son contradictorias, inclusive excluyentes. Sostienen que la política es amoral por su propia naturaleza, que por lo tanto la inmoralidad política es inevitable y que sólo difieren los grados de la corrupción , así como los escenarios y las personas que la practican en cada momento histórico.
En la época de la dictadura somocista, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal dijo que la única revolución que se necesitaba en Nicaragua era la revolución de la honradez. El doctor Chamorro Cardenal se refería específicamente a la corrupción del régimen somocista que inevitablemente contaminaba a toda la sociedad, no a toda la política nicaragüense que él mismo predicaba y practicaba con ejemplar honestidad.
Ciertamente, la política opositora de aquella época en Nicaragua, tanto la democrática como la revolucionaria, se inspiraba en principios y se sustentaba en valores morales. La oposición no era sólo una opción política frente a la dictadura, sino también una alternativa ética a la descomposición moral del somocismo. Inclusive la oposición zancuda —como se llamaba popularmente a los políticos opositores que colaboraban con la dictadura somocista—, estaba formada por personas de valía intelectual y profesional, que recibían prebendas a cambio de su apoyo al Gobierno, pero no eran tan codiciosos y corruptos como son ahora los zancudos del régimen orteguista.
En aquel tiempo los liberales no somocistas enarbolaban como bandera ideológica y política, la doctrina de insignes pensadores democráticos, como Juan Jacobo Rousseau, quien predicaba que la política se debía practicar con sentido ético. “Lo que es malo en moral, es malo en política”, proclamaba Rousseau, quien desarrolló toda una doctrina sobre la soberanía de la voluntad popular, enseñó que los gobernantes debían ser mandatarios del pueblo, declaró que la república democrática es la forma perfecta de gobierno, y estableció el principio de que “el cuerpo político es también un ser moral dotado de voluntad. Esa voluntad general (del pueblo) tendente siempre a la conservación y bienestar del todo y de cada parte, es el origen de las leyes y la regla de lo justo y de lo injusto para todos los miembros del Estado”, escribió el ilustre educador liberal.
Pero ahora, en Nicaragua, ¿cuántos políticos liberales y demócratas en general compartirán esos preceptos morales de la buena política, o conocerán por lo menos que hubo una vez un pensador democrático llamado Rousseau?
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