Organismos defensores de los derechos de los consumidores y la bancada del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), por separado, volvieron a ejercer presión ayer para que la Asamblea Nacional retome la discusión y apruebe una reforma a la Ley 515, de Ordenamiento y Uso Responsable de las Tarjetas de Crédito.
Ayer, por primera vez, la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC) presentó una acusación formal ante el Instituto Nacional de Promoción a la Competencia (Procompetencia) en contra de los siete bancos que forman el sistema financiero de Nicaragua, por “realizar prácticas anticompetitivas” en perjuicio de los usuario de tarjetas de crédito.
Más temprano, el jefe de la bancada MRS, Víctor Hugo Tinoco, en conferencia de prensa exigió al diputado sandinista y presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, destrabar la discusión del dictamen de reforma de la Ley 515, para que la misma pase al Plenario para su aprobación.
INTERESES EN JUEGO
“Percibimos que hay una colusión, un acuerdo entre el Gobierno y los bancos para que esta ley no camine. Exigimos se respete el proceso de formación de la ley, pero que no la tengan durmiendo”, reclamo el diputado Tinoco.
- Carlos Briceño, gerente general del Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), reiteró que las entidades bancarias se oponen a una reforma a la Ley 515, porque prefieren esperar los resultados de la normativa de la Superintendencia de Bancos, para que se decida si es efectiva o no.
Defendió la normativa que, según explicó, señala que cualquier cargo que el banco o la institución financiera ofrezca requiere aprobación de parte del tarjetahabiente, entonces ahí se están cubriendo los puntos más importantes.
Briceño aseguró que están cumpliendo la reestructuración de deudas de las personas que entran en problemas de pago.
Puedo decir que en algunos casos ya hemos rebajado intereses moratorios, por eso nosotros no consideramos que tiene que haber una ley para que el pago sea efectivo, indicó.
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Sostuvo que si bien la nueva normativa de regulación a las Tarjetas de Crédito, emitida hace quince días por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), da más transparencia al contrato entre banco y usuarios, sigue teniendo debilidades.
“No aborda el tema de los intereses, ni los juicios y embargos que afectan a unas 40 mil familias, lo cual es un problema social”, dijo.
El MRS insistió en que sea el plenario el que decida sobre la regulación de las tasas de interés, siendo su propuesta que se establezcan márgenes de intereses a cobrar, ponderados según lo regido por el Banco Central. Y que los juicios se suspendan por seis meses, estableciendo un período de renegociación entre bancos y deudores.
Pero el diputado Wálmaro Gutiérrez dijo que, aún cuando el dictamen de reforma a la Ley 515 está listo, prefiere dar tiempo a ver cómo funciona la normativa, indicando que la misma recoge el 90 por ciento de los cambios propuestos en el dictamen, como abordar la transparencia en la información con respecto a la manera del cálculo de los intereses, además del tiempo que una personas necesita para cancelar su deuda.
LA DENUNCIA DE LA RNDC
La denuncia de la Red de los Consumidores, presentada ayer en el Instituto Procompetencia, está dirigida contra Bancentro, BDF, BAC, Citibank, Banpro, Banco Procredit y Banex, basándose en que “dichos agentes económicos realizan prácticas anticompetitivas en contra del mercado financiero nicaragüense”, por acordar conjuntamente cobrar las mismas tasas de intereses a los tarjetahabientes.
Jorge Rooseess, representante de la Red, dijo que la denuncia se extiende a la Asociación de Bancos Privados (Asobanp) y, según explicó, esta práctica va en contra del sistema de libre mercado, “pues al acordar los intereses a cobrar por un servicio están violando este principio y la Ley 601, de Promoción de la Competencia, y estableciendo un monopolio”.
“Ellos no compiten entre sí para ofrecer a los clientes tasas diferentes por la tarjeta de crédito, y eso no es respetar el libre mercado y con ello no permiten que los clientes podamos decidir sobre cuál oferta conviene”, afirmó.
Entre las pruebas presentadas está el comunicado de Asobanp, en que se anuncia la decisión unida de reducir 10 puntos porcentuales a la tasa más alta del mercado, y copias de las publicaciones de las tablas de costos de los intereses que los bancos publican mensualmente y casos de denuncias de los usuarios.
La Red pretenden que Procompetencia prohíba a los bancos seguir esta práctica y les imponga multas. Calculan el daño en unos 100 millones de dólares en un período de cinco años, según el seguimiento hecho a los casos de las tarjetas de crédito.
Luis Humberto Guzmán, presidente del Procompetencia, dijo que analizarán si la denuncia recoge los elementos de la ley para tramitarla, y darán a conocer la decisión la próxima semana.
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