Lo que ha ocurrido y está ocurriendo en diversos municipios de Nicaragua demuestra que también en el ámbito de la autonomía y la democracia municipal el régimen de Daniel Ortega está imponiendo un grave retroceso institucional.
En el sector municipal hay ahora una amplia gama de lacras y problemas, que van desde la incompetencia operativa —tan notoria en la Alcaldía usurpada de Managua— hasta la corrupción más descarada, como es evidente también en la comuna de la ciudad capital, pasando por el robo de la voluntad popular que se perpetró en las últimas elecciones municipales y la traición a los votantes ocurrida en la Alcaldía de Granada, hasta la pérdida o el menoscabo de la autonomía municipal ante el paso de la arrolladora maquinaria del centralismo presidencial.
Casos como el de Ciudad Sandino, donde el alcalde y la vicealcaldesa fueron destituidos en flagrante violación de la Constitución, es una muestra ordinaria del avasallamiento de los municipios por parte del poder presidencial arbitrario de Daniel Ortega, que no guarda consideración ni siquiera a los ediles de su mismo partido; o más bien a esa caricatura de partido en la que el caudillismo orteguista ha convertido al FSLN, según aseguran disidentes sandinistas entre los que se cuentan algunos de sus ex dirigentes históricos.
Ahora bien, decimos que en la purga del alcalde y la vicealcaldesa sandinistas de Ciudad Sandino hay una flagrante trasgresión constitucional, porque es en la misma Constitución (Artículo 178) que se encuentran establecidos las causales y el procedimiento para quitarle su condición y cargo al Alcalde y al Vicealcalde de cualquier municipio del país. Es decir, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 40, o Ley de Municipios, le corresponde al Concejo declarar la pérdida de condición del Alcalde y el Vicealcalde, pero no lo puede o no lo debe hacer a su discreción, de manera arbitraria, sino de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 178 de la Constitución.
Sin embargo esta norma constitucional que prevé el debido proceso para que se pueda destituir a un Alcalde y Vicealcalde, no vale nada o significa muy poco para el avasallador autoritarismo de Daniel Ortega, para quien tampoco han valido las disposiciones constitucionales que se refieren a la no reelección presidencial, al período de funciones de los magistrados y otros altos funcionarios del Estado, a la ratificación parlamentaria de los nombramientos presidenciales de los ministros y embajadores, etc. Todas esas normas de la Constitución, cuyo cumplimiento y respeto es indispensable para que puedan funcionar el Estado de Derecho y la democracia, y para que la forma de gobierno de Nicaragua se ajuste a los principios y valores establecidos en la Carta Democrática Interamericana de la OEA, son obviadas e inclusive atropelladas impunemente por el régimen de Daniel Ortega.
La autonomía democrática municipal constituye una de las más importantes conquistas de los ciudadanos y la sociedad en el mundo, tan antigua como que fue en la época romana que se denominó municipio “a la ciudad principal y libre que se regía por sus propias leyes, cuyos vecinos podían obtener y gozar de los derechos y privilegios de la misma Roma”. Desde entonces la democracia y la autonomía municipal evolucionaron y se vinieron perfeccionando, aunque no sin las dificultades impuestas por quienes siempre han tratado y siguen tratando de centralizar todo el poder en sus manos; por políticos que desprecian el derecho de los ciudadanos al ejercicio del autogobierno, cual es una de las expresiones fundamentales de la democracia.
En la actualidad, la democracia significa, entre otras cosas, la dispersión del poder y la descentralización del gobierno, la transferencia de funciones y recursos gubernamentales a los gobiernos autónomos de los municipios, a fin de que éstos los gestionen en beneficio de la población local con la que mantienen una relación cercana, estrecha, directa y permanente.
Pero los gobernantes totalitarios o autoritarios, de derecha o de izquierda, por su propia naturaleza despótica hacen lo contrario, o sea que centralizan el poder, limitan o impiden la democracia ciudadana, atropellan o liquidan la autonomía municipal. Los gobernantes totalitarios y autoritarios hablan mucho de gobierno popular, de poder ciudadano, de democracia directa y otras cosas rimbombantes, pero sólo es para enmascarar la dictadura y el atropello a la gran conquista histórica de la democracia, como es el autogobierno municipal autónomo. Eso es lo que está ocurriendo en Nicaragua, bajo el régimen autoritario de Daniel Ortega.
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