En las condiciones actuales de Nicaragua, la propuesta de asignar el 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación parece un objetivo irreal e inalcanzable. Sin embargo es algo que perfectamente se puede conseguir, aunque no bajo el régimen de Daniel Ortega sino después de que se logre restablecer la democracia y se instale en el poder un nuevo gobierno, democrático y progresista.
Además, alcanzar el objetivo de que se asigne el 7 por ciento del PIB al sector educativo, es necesario para que haya una educación para todos y de superior calidad, la cual es indispensable para que Nicaragua pueda emprender el camino del desarrollo y la superación de la pobreza extrema, y para que termine por fin la dependencia de la ayuda internacional.
De manera que es muy importante y merece ser apoyada, la campaña que están impulsando las organizaciones no gubernamentales Oxfam Internacional, Foro de Educación y Desarrollo Humano y Coordinadora Civil, por la asignación del 7 por ciento del PIB para la educación, bajo los lemas de “7% es la nota” y “Un año sin escuela es un siglo de miseria”.
La demanda del 7 por ciento del PIB para la educación no es un conejo salido del sombrero de algún mago social. Tampoco es la invención de ningún organismo de la sociedad civil, para tener algo que hacer y conseguir fondos de la cooperación internacional. En realidad se trata de un compromiso que debió ser cumplido a más tardar en el año 2000, el cual fue asumido por los gobiernos de América Latina en diciembre de 1979, o sea desde hace 31 años, durante una conferencia internacional de ministros de Educación que se realizó en México auspiciada por la Unesco. Pero no se cumplió aquel compromiso y entonces fue retomado por la Cumbre del Milenio, realizada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en septiembre del año 2000, en la cual se fijó el año 2015 como la meta o fecha de su cumplimiento.
Pero tampoco esta vez Nicaragua va a cumplir ese compromiso, pues ahora en vez de avanzar en su cumplimiento se viene retrocediendo, como lo demuestra el hecho de que este año el gobierno ha asignado para educación sólo el 3.6 por ciento del PIB, menos que en los años anteriores y apenas la mitad de lo que se debería asignar hacia el año 2015.
La asignación del 7 por ciento del PIB para la educación, no es un objetivo cualquiera ni se trata simplemente de asignar una mayor cantidad de dinero y recursos materiales, a riesgo que sean dilapidados por gobernantes irresponsables y corruptos como los que hay en Nicaragua. Al contrario, el cumplimiento de ese compromiso presupone una bien controlada asignación y gasto de recursos, porque el objetivo es aprovecharlos al máximo a fin de mejorar los contenidos y elevar la calidad de la educación, para que ésta sirva efectivamente para impulsar el desarrollo y sacar al país del atraso y la pobreza.
Al respecto cabe señalar que también en lo que se relaciona con los contenidos y la calidad de la educación, Nicaragua está retrocediendo bajo el gobierno de Daniel Ortega. Ya con el anterior Ministro de Educación se había dado un salto hacia atrás, por el sectarismo ideológico y la mezquindad partidista que se impuso en el sector a partir de enero del 2007. Pero desde que el Ministro fue destituido como consecuencia de las luchas intestinas del orteguismo, bajo la administración de la nueva titular de la cartera la educación ha caído en una situación todavía peor. Inclusive, en el desorden que el actual Gobierno ha causado en la instrucción pública se está llegando al colmo de pretender la “compactación” de la educación primaria, de seis a únicamente dos años, según la denominada “nueva estrategia de la educación cristiana, socialista y solidaria”.
Es fácil imaginar qué clase de educación podrán tener los egresados de la primaria de dos años, así como el daño devastador que esta le causaría a los siguientes niveles de la educación pública. Pero del orteguismo cualquier monstruosidad se puede esperar. Lo incomprensible sería que las madres y padres de familia —que quieren y demandan para sus hijos una educación de mejor calidad, a la altura de las nuevas exigencias profesionales y laborales— aceptaran pasivamente semejante barbaridad contra la niñez nicaragüense y, por lo consiguiente, contra el futuro de la familia, de la sociedad y de toda la nación.
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