De ilegal calificó el diputado liberal Maximino Rodríguez la decisión administrativa del Consejo Supremo Electoral (CSE) de aprobar un cobro diferenciado de 300 córdobas para reponer el documento de identidad de los nicaragüenses.
Rodríguez afirmó que en una de las reformas a la Ley de Identificación Ciudadana se estableció que era prohibido imponer cualquier tarifa diferenciada para emisión de cédula de identidad, dejándose únicamente el valor de 50 córdobas para el trámite de reposición.
“La gente lo que tiene que hacer es dotarse de esa herramienta jurídica (reforma), para no caer en las manos de gente corrupta que hay en el Poder Electoral”, precisó Rodríguez.
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El pasado viernes el CSE emitió un comunicado en que informaba que se disponía de un trámite especial, que al pagar 300 córdobas el ciudadano podía obtener su cédula de identidad en un período de horas, lo que a juicio del ex magistrado electoral, Silvio Américo Calderón, es además una especie de “privatización del servicio”.
EFICIENCIA DIFERENCIADA
Para el ex magistrado Calderón también queda en evidencia la “voluntad y eficiencia institucional” de los funcionarios de cedulación, sólo si se cancela una tarifa de 300 córdobas que irán a parar a las arcas de ese Poder del Estado, quizás para subsanar las deficiencias presupuestarias que enfrentan en su asignación.
“¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer del documento de identidad un producto para generarle ingresos al CSE, a través de la ventanilla”.
A juicio de Calderón, esa disposición constitucional trata de que el Estado quite todo obstáculo posible a fin de fortalecer el ejercicio democrático.
Dijo que es ilógico que si se paga la cantidad de 300 córdobas se fabrique una cédula de forma expedita, pero no así si se cancelan los 50 córdobas que vale la reposición. “Es el mismo procedimiento, si son los mismos empleados o funcionarios que la procesan, los mismos equipos, si es el mismo papel, si son los mismos datos que están ahí. ¿Entonces cómo es que me la entregan si no pago?”.
De igual manera, el diputado Maximino Rodríguez cuestionó la posibilidad de que la renovación de cédulas de identidad inicie con los empleados del Estado, de los que recordó que casi en su totalidad tienen el documento y se encuentra vigente, por lo que se debería priorizar a los ciudadanos que tienen años de haber solicitado su cédula sin recibir respuesta alguna.
Indicó que el Poder Electoral, ante su lentitud en la entrega de cédula a ciudadanos, les ha provocado “la muerte civil”, ya que por ministerio de ley estas personas están imposibilitadas de realizar diversos trámites y votar.
El ex magistrado Silvio Calderón insistió en que las autoridades electorales realicen una auditoria en el Registro Central del Estado Civil de las Personas, lo que permitirá no sólo la entrega efectiva del nuevo documento de identidad, sino también la actualización de la Cartografía.
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