ACAN-EFE
El presidente del Parlamento, el sandinista René Núñez, negó hoy la validez de una sesión realizada el martes por diputados opositores en la que enviaron a comisión un proyecto de ley para dejar sin efecto un controvertido decreto del presidente, Daniel Ortega.
«El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no ha aceptado como legal la reunión en un hotel capitalino y ayer lo que hicimos (en el Congreso) fue apelar al espíritu patriótico de los diputados y diputadas», dijo Núñez, al Canal 12 de la televisión local, en el primer día sin altercados en Managua tras una semana de protestas violentas.
«La ley orgánica de la Asamblea Nacional es clara al respecto», dijo, en referencia a que el presidente del Congreso es el único autorizado para convocar y fijar otro lugar para celebrar una sesión del Parlamento.
Los diputados opositores celebraron la sesión el martes en un hotel de Managua, bajo el asedio de seguidores de Ortega que lanzaron bombas artesanales contra ese edificio, después de que les fuera impedido el ingreso a la Asamblea Nacional por simpatizantes sandinistas.
El primer secretario del Parlamento, el diputado liberal Wilfredo Navarro, entregó en la víspera al presidente de la Comisión de Justicia, su colega liberal José Pallais, el proyecto que busca declarar nulo el decreto de Ortega, aprobado en enero y que prorroga el mandato de varios cargos de diferentes poderes del Estado.
Pallais dijo a periodistas que cumplirá con su obligación de elaborar el dictamen correspondiente sobre el proyecto que le entregó Navarro.
«Para mí esa sesión no tiene validez jurídica y cuando tengamos (reunión de) junta directiva vamos a discutir el tema», insistió el presidente del Poder Legislativo, al apelar a «una oposición responsable» para continuar con las tareas legislativas.
También dijo que la directiva parlamentaria, integrada por siete miembros, discutirá cuatro sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que validan el decreto de Ortega de prorrogar y ratificar en sus cargos a varias autoridades de diversas poderes del Estado cuyos mandatos expiró o expira este año.
El Parlamento reanudó ayer su trabajo bajo un fuerte dispositivo de seguridad y las protestas violentas de los seguidores de Ortega.
La actual crisis se gestó después de que los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia declararon inaplicable el artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial consecutiva y limita a dos el número de mandatos.
Ese fallo, dictado por la Sala Constitucional en una sesión celebrada en ausencia de los magistrados liberales, que fueron sustituidos por sandinistas, fue criticado por la oposición, que entonces prometió unirse para contrarrestarlo.
Esa unión provocó la parálisis del Congreso y la renovación de cargos de órganos como la Corte Suprema o el Tribunal Supremo Electoral, que Ortega decidió contrarrestar con un decreto por el que extiende el mandato de los funcionarios, a pesar de que no tiene competencia par ello, según la oposición.
