Por Arlen Cerda
Representantes de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), que reúne a más de 14 organizaciones de la sociedad civil condenaron esta tarde en conferencia de prensa “el abuso de poder del presidente Daniel Ortega y sus operadores en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al intentar establecer un estado de facto.”
Azalía Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres leyó un comunicado en el que la UCD consideró como un intento de “estado de facto” el que el gobierno de Ortega pretenda, por medio de decretazos e interpretaciones amañadas de artículos transitorios de la Constitución Política de 1987, lograr la permanencia de ex magistados de la CSJ, ex magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y de otros funcionarios públicos a quienes se les ha vencido el término en el ejericio de sus cargos”.
Además, la UCD y organzaciones aliadas hicieron un reconocimiento público a los 48 diputados de los partidos políticos con representación en la Asamblea Nacional que “no se dejaron intimidar por las turbas orteguistas” y sesionaron hoy en el hotel Holiday Inn para que enviar a comisión jurídica la Ley de derogación del decreto presidencial 03-2010.
Finalmente hicieron un llamado a la Policía Nacional para hacer cumplir las funciones de garantizar el orden público, tal y como manda la Constitución de la República y las leyes del país.
Por medio del decreto presidencial 03-2010, el mandatario pretende mantener en sus cargos a una veintena de funcionarios públicos cuyos períodos expiran este año. Los abogados orteguistas Rafael Solís y Armengol Cuadra, son dos de los funcionarios a los que ya se les venció el período como magistrados de la CSJ. Ambos se aferran a sus cargos al amparo de dicho decreto.
