CORRESPONSAL/ CHINANDEGA
El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) convocó ayer a los representantes de las cooperativas de transporte colectivo y selectivo, a quienes les pidió la firma de un compromiso de “no realizar paros, huelgas y otros actos violentos que desestabilicen al Gobierno”.
- Ledar Tórrez, delegado del MTI, dijo que la asamblea de transportistas era con el objetivo de respaldar la estabilidad del Gobierno.
Pidió a taxistas de Corinto, que harán un tranque hoy, reflexión para no complicar la situación que podría tener serias consecuencias.
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El documento fue suscrito por una decena de representantes de los transportistas, de unos 20 asistentes a la convocatoria del MTI, en la cual los transportistas no firmantes creyeron que se trataría el ordenamiento del transporte expreso, ordinario, local, interlocal y de turismo que viajan de Managua a países centroamericanos.
Reemberto Reyes Monjarrez, de la Cooperativa El Ave Fénix, lamentó que en vez de atacar la crisis en el transporte, ayer se hizo un llamado a las cooperativas que el Gobierno tiene organizadas. “Es para supuestamente tratar los problemas, pero el Gobierno, municipalidades y MTI no incluyen a las cooperativas que estamos por la vía de proteger al gremio”, refirió Reyes.
El transportista lamentó que las referidas cooperativas reunidas “son las que le hacen el juego al Gobierno y que hasta cierto punto se han convertido en verdugos de los transportistas”.
“¿Qué ocurre? Que estas cooperativas no hacen un trabajo de balde, están involucradas, tengo pruebas en el tráfico ilegal de concesiones; prácticamente las que firman el comunicado están devolviendo el favor a las alcaldías en cuanto al tráfico de concesiones, que han provocado la crisis del transporte en Chinandega”, agregó el dirigente del transporte.
Señaló que existen documentos que indican que desde hace diez años se dio la repartición de 300 concesiones de taxis, que fueron vendidas por cooperativas que ahora apoyan al Gobierno. Asimismo, revela que el tráfico de concesiones en las dos últimas administraciones edilicias suma al menos dos millones de dólares.
“Nos han dicho que estos representantes de cooperativas que han participado en la corrupción son los mismos que son usados para cuando necesitan gente para las movilizaciones”, declaró Reyes, quien se identifica como un militante histórico del partido de Gobierno.
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