Rafael Solís y Armengol Cuadra ya no deberían entrar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como magistrados, ni tener oficina ni personal a su cargo, pues ya se les vencieron sus períodos como funcionarios públicos, indicaron juristas y promotores de Derechos Humanos.
El jurista Sergio García Quintero afirmó que, inclusive, Solís cometió al menos nueve delitos ayer, cuando sesionó como magistrado en la Sala Penal.
Según García Quintero, entre los nueve delitos se encuentran el de asociación para delinquir, apología del delito, usurpación de atribuciones, desobediencia civil, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y prevaricato.
Para el jurista, la acción de Solís y Cuadra, de mantenerse ilegalmente en el cargo de magistrados, es un pésimo ejemplo para los demás funcionarios públicos y abre camino a la subversión.
“Lo más interesante es que Solís ya no goza de inmunidad”, dijo García Quintero, añadiendo que el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, no debería tener obstáculo para procesarlo.
El magistrado Manuel Martínez, como presidente de la CSJ, debería hacer uso de la Policía Nacional para sacar de sus oficinas a Solís y Cuadra, añadió García Quintero.
El jurista dijo que el altercado entre Solís y el magistrado Gabriel Rivera fue un “espectáculo altamente bochornoso, nos pone peor en el contexto internacional”.
“Es un pésimo ejemplo (el altercado), pésimo precedente, para los demás funcionarios judiciales, instando a la inobservancia de la Constitución, en una abierta manifestación delictiva”, sostuvo García Quintero.
Por su parte, el director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Bayardo Izabá, consideró que la Constitución Política es clara en los artículos 162 y 163, de que los funcionarios públicos sólo son electos por cinco años, y que si desean seguir en el cargo deben ser electos nuevamente por la Asamblea Nacional, por tanto el decreto del presidente Daniel Ortega, 03-2010, no da la posibilidad a Solís y Cuadra de continuar como magistrados de la Suprema.
ACTO DESESPERADO
“Yo no puedo desligar el incidente de hoy (ayer), con las recientes declaraciones de Solís sobre que el Ejército esté listo a reprimir a ciudadanos que quieran protestar. Hay un acto de desesperación extrema del lado del Gobierno, de presionar para una negociación (con Arnoldo Alemán), pero no lo han logrado con Alemán”, dijo Izabá.
Asimismo coincidió con García Quintero, sobre que el magistrado Manuel Martínez puede ir a los despachos de Solís y Cuadra, y cambiar cerradura y no dejarlos entrar. “Si ellos (Solís y Cuadra) siguen haciendo esos actos (usurpar cargos) deberían ser sometidos (judicialmente), abrirles causa para aplicar las sanciones que corresponden”, dijo Izabá.
“El presidente de la Corte debería pedir a la Policía restringir como magistrados a Solís y Cuadra, quienes pueden llegar como abogados a la Corte”, agregó.
“Yo creo que los organismos, los países y las agencias de cooperación le están poniendo mucha atención (a lo que pasa en la Corte), los donantes deberían tomar en cuenta estos acontecimientos y suspender la cooperación”, finalizó Izabá.
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, también opinó que el presidente de la CSJ debe respetar la Constitución y no permitirle utilizar oficinas a Solís y Cuadra.
“Son actos desesperados de los usurpadores, se van a valer de cualquier artimaña para aferrarse a un cargo”, dijo Carmona, para quien la Fiscalía debería acusarlos.
Carmona adelantó que él y un grupo de ciudadanos irán a la Corte hoy para recurrir de nulidad en contra del decreto de Ortega.
NICARAGUA NO TIENE SEGURIDAD JURÍDICA
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Pallais, dijo ayer que Nicaragua es un país sin seguridad jurídica, luego de que dos ex magistrados judiciales sandinistas se mantuvieran en sus cargos pese a que ya ejercieron funciones por los cinco años que ordena la Constitución.
“Las sentencias que firmen son de nulidad absoluta, estarán investidas de nulidad y son reclamables en cualquier momento por cualquiera de las partes y estarían perjudicando completamente la seguridad jurídica del país, llevarían a Nicaragua a un descrédito de dimensiones enormes, por la falta de seguridad jurídica. Si conscientemente un ex magistrado firma una sentencia, está abonando a la falta de credibilidad absoluta en el sistema jurídico del país”, dijo Pallais.
RECURRIRÁN DE NULIDAD CONTRA DECRETAZO
Por su parte, el miembro de los Abogados Democráticos de Nicaragua, Lulio Marenco, dijo que hoy introducirán ante el Poder Judicial un recurso por inconstitucionalidad en contra del decreto presidencial 03-2010, que prolongó irregularmente en sus funciones a 23 funcionarios de Estado.
“Estos señores, que se llaman magistrados, violan la Constitución. Da pena que esos colegas actúen de esa manera, porque actúan políticamente, por intereses partidarios. El sistema jurídico está colapsado en Nicaragua. Todos los poderes del Estado no sirven, colapsaron, no se puede confiar en ellos, actúan en contra de la Ley”, manifestó Marenco.
En tanto, el presidente de la Comisión Especial Constitucional del parlamento, Ramiro Silva, sostuvo que los magistrados judiciales que acataron el decreto presidencial 03-2010 también serán declarados inhabilitados de ser reelectos, por violar la Constitución, al igual que ocurrirá con los contralores de facto.
LIBERALES SE SOLIDARIZAN
Por su parte, los liberales cerraron filas con el magistrado judicial Gabriel Rivera, a quien le brindarán todo su apoyo político, debido al “encontronazo” verbal que causó el abogado orteguista y ex magistrado Rafael Solís.
El ex presidente Arnoldo Alemán calificó como “vulgaridad” la actitud de Solís, ya que “por decencia y cortesía” se le permitió estar con el resto de sus ex homólogos, ya que su período venció de acuerdo con lo establecido en la Constitución y no debió ofender a su ex colega.
(Con la colaboración de María José Uriarte).
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