A las 12:00 p.m. de ayer, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dos de ellos sandinistas y uno liberal, cesaron en sus cargos, conforme la Ley. De pretender éstos acogerse al decreto del presidente Daniel Ortega estarían incurriendo en delito de usurpación de funciones, como lo establece el artículo 296 del Código Penal.
A la medianoche de ayer, venció el período de cinco años para el cual fueron nombrados por la Asamblea Nacional, el vicepresidente de ese Poder del Estado, Rafael Solís Cerda y el presidente de la Sala Penal, Armengol Cuadra, ambos de filiación sandinista, y el magistrado liberal Dámisis Sirias.
Además de usurpar funciones, si éstos siguen en sus cargos ya vencidos, incurrirían en delito si se apegan al segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución de 1987, para mantenerse en sus cargos, según explicaron especialistas en Derecho.
Lo correcto será que éstos esperen si la comisión especial de la Asamblea Nacional los ratifica en el cargo, o nombra a nuevas autoridades, aconsejan diversas fuentes. En consecuencia, estos magistrados a partir de hoy ya no podrán integrar Salas, ni ejercer otras funciones relacionadas con el Poder Judicial.
A los tres magistrados judiciales a quienes se les venció su período se suman también los vencidos Emmett Lang, por el Frente Sandinista en el Consejo Supremo Electoral (CSE) y Luis Benavides, por el PLC, desde el 14 de febrero pasado. Pero sólo cesó Benavides. Igual continúan ocho contralores.
Hombach: “ven puestos como su finca”
El ahora Obispo emérito de Granada, Bernardo Hombach, opinó que la permanencia de estos funcionarios en el poder “es un signo malo” en el país.
“Esta gente ya considera sus puestos como si fuera una finca propia, que han comprado o que se les ha regalado y esto es muy malo para la sociedad. Cuando ya no se respetan las Leyes y las reglas del juego. Cuando dicen ‘yo tengo el poder, así que no necesito respetar’, esto lleva a una profunda corrupción. Yo veo en este sentido, actualmente, que nos hemos pasado de lejos a lo que hacía Somoza”, criticó.
Monseñor Hombach dejó ayer su cargo como Obispo de Granada, luego de cinco años en el mismo, tras la renuncia que debió presentar al Papa Benedicto XVI hace año y medio, tal como lo establece el Derecho Canónico cuando un Obispo o sacerdote alcanza la edad límite para el ejercicio, los 75 años. “Estamos dispuestos a ir donde nos mandan, cuando nos dan una misión la cumplimos y cuando dicen ‘ya basta’ nos vamos. No estamos aferrados a ningún puesto”, dijo el Obispo.
La actitud de los políticos para aferrarse a sus cargos viola la Constitución Política, tal como lo recordó el Obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez.
- Una vez que no es magistrado, Rafael Solís Cerda pierde su inmunidad, deja de ser Vicepresidente de la CSJ y suplente del presidente Manuel Martínez en el Consejo de la Administración y de la Carrera Judicial, no puede firmar cheques en nombre de la CSJ y deja de autorizar nombramientos como usualmente lo hacía.
También se pondrá a prueba la cooperación internacional. Por ejemplo, ¿la OIT seguirá apoyando a Solís en la coordinación para la reforma del Código del Trabajo, cuando éste ya no es magistrado?
Otro punto importantes es ver si el sistema bancario aceptará la firma de Solís en aquellos cheques que emita desde la Corte? ¿Qué dirá la Superintendencia de Bancos?
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“Yo como nicaragüense opto por el respeto absoluto a la Constitución Política del país y por lo que la Constitución Política dice, quien termina el mandato debe abandonar el cargo, porque sólo la Asamblea es la que nombra. El Ejecutivo no tiene absolutamente ninguna competencia para prolongar o prorrogar estos cargos y yo espero que estos magistrados sean respetuosos de la Carta Magna de la República”, dijo.
Báez agregó que los diputados deben “pasar por encima de los intereses de partidos, por encima de las consignas que les llegan de los caudillos o de los jefes de los partidos, escuchar a la mayoría del pueblo y darle espacio a la sociedad civil”. Asimismo reconoció que es difícil, pero dijo que ése es el camino.
Pueden ser investigados
Gustavo García Prado, miembro de la Asociación de Abogados Democráticos, explicó que “si estos funcionarios pretendiesen convocar a sesión para decidir una sentencia o pronunciarse sobre algún recurso, prácticamente estarían violando el Código Penal, que expresamente señala que una vez que ya cesan en sus funciones, ya no pueden estar funcionando y es sancionado con pena restrictiva de libertad”.
Señaló que los magistrados perfectamente pueden ser investigados por sus hechos pasados, pues desde ayer a medianoche ya no gozan de inmunidad.
Para el abogado García, la maniobra que pretendió hacer la semana pasada el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, con “la mala interpretación” del transitorio segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución Política de 1987 pone en contradicción con la legalidad de ambas disposiciones y provoca aún más la crisis.
“Desde que impulsó este conflicto jurídico el presidente de la Asamblea y cualquier funcionario quiera acatar ese artículo 201, párrafo segundo, está violando la Constitución, porque están invadiendo jurisdicciones, están invadiendo facultades, atribuciones de otros poderes del Estado y se está quebrantando el proceso democrático y eso es delito, a como lo establece la Constitución Política de Nicaragua”, advirtió.
¿Actuará Martínez?
A criterio de García, el presidente del Poder Judicial, Manuel Martínez, tiene suficiente autoridad para decirle a los tres magistrados que no pueden presentarse a esas instalaciones. Y en caso de que estos insistan en presentarse hoy, Martínez debe “ir a denunciarlos por usurpación”, sugirió.
Según fuentes extraoficiales, toda la crisis se ha creado por Solís Cerda, pues señalan que con su salida de la CSJ el presidente Ortega pierde su principal operador político en esa institución. En casos similares han tardado mucho tiempo en nombrar a los magistrados y no ha sucedido nada, como los casos de los liberales Iván Escobar Fornos y Guillermo Selva.
¿Magistrado Rosales reemplazará a Solís?
Esta situación aparentemente ha “estresado” a Solís, pues si pasa más tiempo sin que sea nombrado, decaerá su hegemonía, mientras el también sandinista magistrado Francisco Rosales Argüello estaría detrás de su liderazgo, por ser considerado entre los magistrados sandinistas intelectualmente como el más capaz para reemplazarlo.
Además, a partir de hoy, la correlación de fuerzas en la CSJ amanece siete a siete entre sandinistas y liberales. Pero, en la Sala de lo Penal, la correlación cambia a favor de los liberales, en tres contra un sandinista, pues quedarían integrando esa sala los magistrados liberales Gabriel Rivera, Antonio Alemán y Sergio Cuarezma, junto a la sandinista Juana Méndez.
De acuerdo con la Ley, a partir de hoy la Sala Penal está sin presidente, pues el puesto lo ocupaba el magistrado Cuadra; Solís también la integraba.
¿Liberales serán cooperadores necesarios?
Desde el punto de vista técnico-jurídico, si Solís y Cuadra insisten hoy en apegarse a sus “huesos”, los magistrados liberales no pueden sentarse con ellos porque serían funcionarios de facto. Si los liberales lo hacen, legitimarían políticamente la presencia de ellos y, además, serían cooperadores necesarios en el delito de usurpación de funciones públicas. Y ha trascendido que los magistrados sandinistas Alba Luz Ramos, Marvin Aguilar y Yadira Centeno, están a la expectativa de lo que pueda pasar en este caso para su propio beneficio.
Según García, la situación generada por Núñez de revivir un párrafo de un artículo de la Constitución de 1987, tiene únicamente un interés político, para negociar como una salida política del partido en el gobierno (FSLN), a sabiendas que no tienen los votos suficientes para elegir a sus funcionarios, incluyendo al presidente del CSE, Roberto Rivas Reyes.
Amparado en el autoderogado segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución de 1987, Solís llamó al Ejército a estar listo para defender la Constitución. Monseñor Hombach opinó que “no tiene ningún sentido” que el Ejército intervenga en “una lucha ideológica” y que éste no puede reprimir protestas cívicas de la población.
El Obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez, opinó ayer que “el Ejecutivo no tiene absolutamente ninguna competencia para prolongar o prorrogar cargos” y que espera que los magistrados “respeten la Constitución”. El Obispo emérito de Granada, Bernardo Hombach, dijo también que en violación a la Ley “pasamos a Somoza”.
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