Es muy extraño y por lo consiguiente llama mucho la atención, que precisamente cuando la amenaza del crimen organizado aumenta en todas partes, incluso en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha decidido disolver la Unidad Anticorrupción de la Policía Nacional, la cual fue creada expresamente para reforzar el combate contra esa modalidad superior de la actividad delictiva. Y lo venía combatiendo con eficacia, a juzgar por las valoraciones nacionales y externas.
El 26 de marzo recién pasado, LA PRENSA informó de manera exclusiva que en ausencia de la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, Daniel Ortega había decidido disolver “un grupo especial de policías, que trabajaban de civil dedicados a combatir el tráfico de drogas y armas que lo hacían coordinados con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés)”. En esa ocasión un alto mando de la Policía dijo desconocer hecho tan importante, pero éste fue confirmado por tres fuentes del Ministerio de Gobernación, las cuales explicaron que “Ortega alegó ‘intervencionismo político’ por parte de Estados Unidos, para eliminar al grupo de entre 30 y 35 agentes investigadores que conformaban la Dirección Anticorrupción”.
Diez días después, el lunes de esta semana, la primera comisionada Granera, leal y obediente a Daniel Ortega como tiene que ser, pues por mandato de la Constitución la Policía Nacional está sometida al presidente de la república, trató de disimular el impacto de la disolución de la Unidad Anticorrupción, diciendo que sólo había sido “compactada” y que sus funciones fueron redistribuidas en otros organismos policiales. Y agregó que así como en su momento el presidente Enrique Bolaños tuvo la facultad de crear la Unidad Anticorrupción, el presidente Ortega tiene ahora la potestad de disolverla, o “compactarla”.
Pero la verdad es que no tiene sentido disolver esa estratégica unidad de lucha policial contra el crimen organizado, cuando éste se expande en todas partes e incrementa su amenaza contra la sociedad nicaragüense. Tampoco tiene explicación disolver o “compactar” una dirección policial que según las informaciones oficiales ha sido la más efectiva en la lucha contra el crimen, sobre todo contra el narcotráfico nacional e internacional. Y menos que pueda ser creíble la explicación de que la Unidad de Lucha contra la Corrupción fue disuelta o “compactada” para “optimizar y hacer un mejor trabajo”, siendo que cuando se creó a fines de la Administración del presidente Enrique Bolaños, se dijo que su objetivo era reforzar y hacer más eficaz la lucha contra los diversos tentáculos del crimen organizado que opera en Nicaragua, o sea, “para optimizar y hacer un mejor trabajo” policial.
En realidad, la Unidad de Lucha contra la Corrupción estaba sentenciada a muerte por Ortega desde el 31 de julio de 2007, cuando en la celebración del 28 aniversario de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua el gobernante acusó a las autoridades de Estados Unidos —y por lo tanto a la DEA— de ser cómplices del narcotráfico internacional en vez de combatirlo. Luego, en enero de 2008, Ortega ratificó la sentencia de muerte contra la unidad policial de lucha contra el crimen organizado en Nicaragua, al asegurar públicamente, en presencia de la primera comisionada Granera, que “altos jefes policiales reciben pagos de parte de la DEA ” Pero, ¿ quiénes podían ser esos “altos jefes policiales”? Obviamente debían ser los que estaban en contacto directo con la DEA, o sea los de la unidad de lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la dirección policial no se atrevió a protestar por tan grave acusación ni a pedir una investigación aclaratoria.
La falta de transparencia gubernamental y, por lo tanto, la ausencia de información oficial verificable y creíble, dan motivo a conjeturar sobre cuáles podrían ser las verdaderas razones que ha tenido Daniel Ortega, para disolver una división policial tan necesaria y eficiente en la lucha contra el crimen organizado. ¿Serán motivos ideológicos, prejuicios antiyanquis o porque realmente cree que el Gobierno de Estados Unidos es cómplice del crimen organizado? ¿O serán otros motivos inconfesables?
Como sea, la obra de demolición gubernamental que Daniel Ortega ha venido realizando desde que recuperó el poder, en enero de 2007, no atenta sólo contra las instituciones de la democracia y el Estado de Derecho. También está socavando los mecanismos de defensa de la seguridad pública y nacional, como lo evidencia la insólita disolución de la división policial de lucha contra el crimen organizado transnacional.
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