El fraude electoral en las elecciones regionales del Atlántico que se realizaron el 7 de marzo corriente, y la presentación que los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) hicieron en la Asamblea Nacional, el miércoles de la semana pasada, para pedir a los diputados que los reelijan en sus cargos, han confirmado que no se les debe reelegir.
Los organismos cívicos Ética y Transparencia e Ipade, a pesar de que el CSE les negó la autorización para observar oficialmente los comicios regionales, dieron a éstos un amplio seguimiento e hicieron una exhaustiva investigación de sus incidencias y resultados. Ambos organismos cívicos especializados en la materia electoral, comprobaron que hubo suficientes irregularidades cometidas intencionalmente, como para determinar con certeza que hubo fraude. Este fraude no tuvo la magnitud del que se perpetró en las elecciones municipales del 2008 —porque ahora no tenían necesidad de hacerlo igual—, pero bastó para arrebatarle al PLC el triunfo electoral y por lo tanto el gobierno regional en el Atlántico Sur (RAAS) y adjudicárselo indebidamente al FSLN.
En realidad, los magistrados electorales hicieron mérito ante Daniel Ortega y el FSLN, que son los que quieren su reelección, pero se desacreditaron aún más ante la sociedad nicaragüense y la comunidad democrática internacional. De modo que lo menos que deben hacer los diputados de oposición, incluso por decoro, es no reelegir a estos magistrados electorales.
Por otra parte, la comparecencia de los magistrados electorales el miércoles de la semana pasada ante la Asamblea Nacional, para pedir que los reelijan, lo que menos pareció fue una presentación de funcionarios de Estado. Además, la justificación que hicieron de los fraudes y la corrupción fue un insulto al Poder Legislativo y personalmente a los diputados. Sería una degradación extrema del servicio parlamentario, que hubieran los 56 diputados que estos magistrados electorales necesitan para que respalden su atrevido propósito de conseguir la reelección.
Lo cierto es que como consecuencia del gran fraude electoral que se perpetró en las municipales de 2008, al que se suma el nuevo fraude realizado el 7 de marzo corriente en el Caribe, así como por la extendida percepción pública de corrupción en el Consejo Supremo Electoral y el clamor popular contra los actuales magistrados electorales, actualmente hay la oportunidad de lograr un cambio sustantivo en el Poder Electoral, para restablecerle credibilidad y la confianza ciudadana. Todo es que los partidos políticos con representación en la Asamblea Nacional —y sobre todo los que tienen el número de diputados suficiente para pactar con Daniel Ortega y traicionar al pueblo— se mantengan firmes, que se comporten de manera honorable y que cumplan los Acuerdos de Metrocentro que ellos mismos firmaron para la no reelección de los magistrados electorales.
A los diputados del FSLN —que no son demócratas sino autoritarios— no se les puede pedir que entiendan y respeten el principio democrático elemental, de que los magistrados electorales no deben ser cuadros políticos —y mucho menos sicarios partidistas—, sino árbitros con capacidad de tomar decisiones ecuánimes e independientes. Los diputados de Ortega no pueden entender que los magistrados electorales no deben subordinarse a los intereses de partidos políticos —aunque por procedimiento institucional sean los diputados quienes los eligen—, sino que deben estar al servicio de los votantes de todos los partidos; que su obligación es acatar la voluntad de los electores, no las órdenes de los partidos y mucho menos de los caudillos.
Pero los diputados que son demócratas sí entienden —o tienen la obligación de entender— este elemental principio democrático, y si actúan de otra manera es porque no son verdaderos demócratas. Ellos tienen que saber que en el ámbito del Poder Electoral, las cuotas de los partidos no se cobran en las magistraturas del CSE, sino en las representaciones y fiscalías en los centros de votación y en los organismos que trasiegan y cuentan los votos. Precisamente por eso es que se insiste en que se debe escoger como magistrados electorales, a árbitros y no a comisarios de partidos; a personas que sean independientes, apartidistas, honestas, dignas, celosas de su prestigio personal y social, incapaces de permitir que su honra sea arrastrada y ensuciada por las evidencias de fraudes y las pruebas de corrupción.
Pareciera una ilusión, pero eso es lo que podría salvar a Nicaragua de otra catástrofe política nacional.
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