En su breve visita a Nicaragua, invitado por el Consejo Supremo Electoral para que echara un vistazo exterior a las elecciones del domingo pasado en las Regiones Autónomas del Atlántico, el secretario de asuntos políticos de la OEA y experto de este organismo hemisférico en observación electoral, ex canciller argentino Dante Caputo, le pidió públicamente al Gobierno de Nicaragua que permita la observación en las elecciones nacionales del próximo año.
“Para nosotros sería muy importante, y creo que para todos los sectores políticos de Nicaragua, que la Organización (de Estados Americanos) estuviera como corresponde, con los tiempos que corresponde, en las elecciones de 2011, porque no es cuestión de observar el día del voto la transparencia abarca mucho más que el día que se vota”, declaró el señor Caputo, después de haberse reunido con líderes de la oposición liberal y antes de hacerlo con Daniel Ortega, a quien seguramente le expresó lo mismo que dijo en público.
Es obvio que el experto de la OEA está claro de que después de dos elecciones consecutivas sin observación electoral independiente, nacional y extranjera; y considerando las abundantes y bien documentadas denuncias de fraude presentadas por los partidos políticos perjudicados y organizaciones de la sociedad civil, la única posibilidad de que los comicios nacionales del próximo año pudieran ser creíbles y servir a la continuidad del sistema democrático en Nicaragua, es que sean abiertos a una observación electoral independiente, nacional y extranjera.
Lo mismo se infiere de las declaraciones que ofreció también el representante de la Unión Europea en Nicaragua, embajador Mendel Goldstein, quien dijo: “tenemos dificultad de comprender por qué no se acreditó (como observador en las elecciones regionales del domingo pasado) a un organismo como Ipade y aún Ética y Transparencia. Nos resulta muy difícil comprender esto, lo habíamos hablado con el Gobierno como una de las condiciones normales de transparencia, de equidad. Esto no se hizo, lo lamentamos”. De lo cual se puede deducir también que seguirán suspendidos los fondos europeos para ayudar a cubrir el déficit presupuestario del gobierno de Daniel Ortega.
Por supuesto que para que haya elecciones libres, competitivas y limpias, y por lo tanto confiables y legítimas, no basta con la observación electoral independiente. Ante todo es preciso que la institución electoral que organiza las elecciones, cuenta los votos y asigna los cargos, sea integrada por personas idóneas, honestas, profesionales, independientes y competentes. Lo cual no es el caso de Nicaragua, donde las actuales “autoridades” electorales con sus propias acciones han demostrado ser todo lo contrario. De manera que, además de observación electoral independiente se requiere el cambio total o mayoritario en el Consejo Supremo Electoral, en primer lugar de sus inefables magistrados, pero también de todas las estructuras partidarizadas que han sido ejecutoras y cómplices de los fraudes de 2008 y 2010.
La observación electoral independiente tiene un gran valor en sí misma, porque da confianza a los ciudadanos para que vayan a depositar su voto sin miedo —o con menos temor— de que se lo roben. Además, la observación electoral independiente puede disuadir la intención de fraude, o por lo menos advierte a los políticos y funcionarios corruptos que si lo hacen quedarán al descubierto, que serán denunciados públicamente y el acto electoral no tendrá legitimidad.
En realidad, como dijo Caputo a los medios, la observación electoral no es sólo ver las votaciones y el conteo de los votos. La observación electoral verifica que haya libertad política; que se respete la libertad de organización, de asociación, información y expresión de opiniones; que los ciudadanos puedan votar sin amenazas ni presiones de ninguna clase, etc., etc .
Daniel Ortega y el FSLN no ocultan su mala intención de quedarse en el poder para siempre, sin importarles lo que piensa y quiere la mayoría de la población. Como dijo Tomás Borge, con ese fin ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa, ya no se diga un fraude electoral, y a pagar el precio que sea. De modo que las fuerzas opositoras nicaragüenses y la comunidad democrática internacional deben de tener claro que si no se cambia a los magistrados del Consejo Supremo Electoral ni se reorganiza e higieniza este organismo; y si no se garantiza la observación electoral independiente, nacional y extranjera, las elecciones del próximo año serán otra farsa electoral, peor aún que las de noviembre de 2008 y marzo de 2010.
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