Está comprobado por la realidad histórica que hay una relación directa, de causa y efecto, entre la debilidad institucional y el surgimiento de caudillos populistas y el establecimiento de regímenes autoritarios. De igual modo está demostrado que los regímenes populistas de los caudillos autoritarios, son causa de ineficiencia, desorden y corrupción gubernamental, así como del deterioro o pérdida de la libertad, violación de los derechos humanos y atropello a las garantías políticas democráticos en particular.
Al respecto basta ver lo que ocurre actualmente, en distintos grados, en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, países que son desgobernados por los “iluminados” caudillos Fidel y Raúl Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega respectivamente.
En lo que se refiere a Nicaragua, que por razones obvias es el caso que más nos interesa porque lo sufrimos directamente, es tan notorio el deterioro de la libertad y del respeto a los derechos humanos, de las garantías políticas y la institucionalidad democrática, que la Organización de Naciones Unidas (ONU), se ha visto obligado a emplazar al régimen de Daniel Ortega por medio de un equipo evaluador de la situación de derechos humanos.
Nos referimos a las 109 recomendaciones que un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en días pasados en Ginebra, decidió hacer al Gobierno de Nicaragua para que “mejore las condiciones de derechos humanos, entre éstas dar garantías para el ejercicio libre del periodismo, la transparencia del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la participación equitativa de las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos”, tal como lo informó el Diario LA PRENSA mediante un reporte enviado directamente desde aquella urbe suiza, que es sede de diversos organismos especializados de Naciones Unidas.
Es obvio que la comunidad internacional está al tanto, incluso con precisión, de lo que ocurre actualmente en Nicaragua bajo el régimen autoritario de Daniel Ortega y sus aliados religiosos y políticos. Así lo demostró la representación del Reino Unido en el mencionado grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al proponer que la recomendación número 35 al régimen orteguista, que se refiere a la observación de las elecciones, fuera corregida en el sentido de precisar que se debe incluir a “las organizaciones civiles Ética y Transparencia e Ipade”.
El grupo de trabajo de la ONU sobre derechos humanos comprende perfectamente, que la celebración de elecciones libres y limpias bajo una adecuada observación nacional y extranjera, es clave para asegurar el respeto al voto ciudadano, el derecho de participación política y la vigencia de las libertades y las garantías democráticos. El grupo internacional entiende muy bien que de eso depende la posibilidad de que Nicaragua recupere la gobernabilidad democrática y la vigencia efectiva de los derechos humanos que ahora están a la baja y a la defensiva. De allí el señalamiento específico en la recomendación 35 al gobierno de Nicaragua, acerca de “la necesidad de garantizar la transparencia y el funcionamiento imparcial del Consejo Supremo Electoral (CSE)”, tal como se consigna en el reporte de LA PRENSA enviado desde la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Pero a pesar de toda la importancia que sin duda tienen estas recomendaciones internacionales —las cuales todavía no son oficiales, pues deben ser sometidas a una nueva revisión con participación de representantes del gobierno de Daniel Ortega y de organizaciones civiles nicaragüenses—, esto no es suficiente para obligar al régimen orteguista a respetar los derechos humanos y democráticos, incluyendo la garantía de celebrar elecciones libres y limpias debidamente observadas y verificadas. Como es bien sabido, Ortega acostumbra tomar y aprovechar de la comunidad internacional sólo lo que le interesa, pero desprecia lo que no le conviene, igual que hace en el ámbito doméstico con la Constitución y las leyes nacionales. En realidad, si la oposición y las fuerzas democráticas de Nicaragua no hacen lo que les corresponde para defender la libertad y los derechos humanos y democráticos de los nicaragüenses, nadie de fuera lo podrá hacer. Por ejemplo, integrar un nuevo Consejo Supremo Electoral compuesto en su mayoría por personas idóneas, decentes y confiables, sólo lo pueden conseguir, si así lo quieren y se mantienen firmes, los partidos opositores que participarán en la elección de los nuevos funcionarios. Esto es algo que nadie vendrá a hacerlo desde afuera.
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